Desde calificadoras de riesgos (léase Standard & Poor’s y Fitch), economistas de bancos (el más reciente de Citi) y periodistas. Los cálculos van desde los 100 mil millones de pesos, hasta la friolera de medio billón. Así que con estos cálculos por delante, los funcionarios de Hacienda se estarán frontando las manos, ante la urgencia de cumplir su promesa de reducir el déficit fiscal para el año.

Me pregunto: ¿Porqué tanta apuesta y cálculo si la Ley del Banco de México (LBM) y documentos del propio banco central han dejado muy claro cómo se determinan los remanentes? La única razón que encuentro, es porque existe un “factor político”, discrecional, que han dominado estas decisiones en el banco central.

Vayamos al inicio. Los remanentes de operación son “ganancias” que obtiene el banco central, principalmente por las fluctuaciones cambiarias derivadas del manejo de las reservas internacionales. Dado que éstas están invertidas en monedas extranjeras, una depreciación anual del peso frente al dólar, como ocurrió en 2024, genera “ganancias” cambiarias. En una apreciación del peso, ocurre lo contrario: pérdidas cambiarias.

Pero dado que en el pasado se generaron controversias al respecto, el propio Banxico encabezado por Alejandro Díaz de León, publicó en julio de 2021 un documento explicativo (“Aplicación de los resultados del Banco de México”) sobre la determinación de los remanentes bajo “total transparencia”.

Este documento dice a la letra: “En estricta aplicación de la LBM, con el resultado del ejercicio, en primer lugar, se deben amortizar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores conforme al artículo 68 de dicha Ley. En segundo lugar, siempre que sea posible, se debe preservar el valor real del capital del Banco más sus reservas e incrementar dicho valor conforme aumente el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales, según lo establece el artículo 53 de la citada Ley. En tercer lugar, se podrían constituir las reservas adicionales a las que se refiere el artículo 53 de la Ley. Finalmente, pudiera resultar un remanente de operación conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LBM”.

Pero esto lo deberán determinar los auditores, la gobernadora y la Junta de Gobierno, en ése orden. Es posible que a esta fecha los auditores de Banxico, KPMG Cárdenas Dosal, ya entregaron a la gobernadora Victoria Rodríguez los estados financieros dictaminados de 2024 y los cálculos sobre el remanente, si existe. Es Rodríguez quien propone a la Junta el monto o no del remanente. Y es la Junta de Gobierno la que aprueba la propuesta.

La pregunta es si la gobernadora y la Junta se ceñirán al documento del banco central para la determinación del remanente, o si prevalecerá el “factor político” en la decisión; como lamentablemente ocurrió en el pasado. La decisión también nos dará pista sobre la verdadera independencia del Banco de México.