La llamada “austeridad republicana” del gobierno de Morena no es una política económica: es una coartada ideológica. Bajo el disfraz de virtud moral, se ha impuesto un modelo que no combate la corrupción, no impulsa el crecimiento y no mejora la productividad, pero sí debilita al Estado, erosiona sus capacidades y condena al país a un estancamiento prolongado. Lo que se presenta como disciplina fiscal es, en realidad, una mezcla de improvisación, propaganda y cálculo electoral.

La austeridad morenista ha operado mediante recortes ciegos y dogmáticos en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. La ciencia, la investigación, la innovación tecnológica y la educación superior han sido tratadas como lujos prescindibles, no como inversiones esenciales. Laboratorios cerrados, fondos desaparecidos y fuga de talento son el saldo de una visión que desprecia el conocimiento y apuesta por la obediencia política en lugar de la capacidad técnica. En un mundo que compite con datos, tecnología e inteligencia, México se autoexcluye del futuro.  

Para muestra, un botón: Salud. López Obrador inventó un discurso dogmático:  “un sistema de salud como el de Dinamarca”, la “megafarmacia”. Y hoy tenemos una epidemia de sarampión, enfermedad que ya se había erradicado desde el 2016 porque se vacunaba (sí, en los gobiernos anteriores) a la población con un esquema completo que hoy no existe en el precarísimo sistema de salud público.

En infraestructura, el panorama no es menos desolador. El gobierno ha sustituido la planeación técnica por el capricho político, concentrando recursos en proyectos emblemáticos de dudosa rentabilidad mientras la infraestructura productiva básica del país se deteriora. Carreteras, sistemas de transporte, redes hidráulicas y energéticas muestran abandono, afectando directamente la competitividad, el empleo y la inversión. No hay desarrollo sin infraestructura, y aquí se ha optado por la simulación.

El discurso de austeridad se derrumba por completo al observar el manejo de la deuda. A pesar de presumir disciplina fiscal, el tamaño de la deuda externa ha crecido, comprometiendo recursos de futuras generaciones sin que exista un correlato en crecimiento económico, fortalecimiento institucional o modernización productiva. Endeudarse para invertir puede ser una estrategia racional; endeudarse para sostener un modelo improductivo y clientelar es simple irresponsabilidad.

Porque, mientras se recorta el futuro, se financia el presente electoral. La dispersión masiva de recursos mediante programas sociales sin evaluación, sin padrones transparentes y sin objetivos productivos claros ha convertido al gasto social en un instrumento de control político. No se combate la pobreza generando oportunidades, sino administrándola. Se sustituye el empleo por el subsidio, el desarrollo por la dependencia.

Un país que renuncia a invertir en ciencia, infraestructura y desarrollo, que se endeuda sin rumbo y que usa el gasto público como herramienta electoral, no avanza: retrocede. Y mientras el discurso oficial insiste en una transformación histórica, la realidad es mucho más cruda: México está pagando el precio de un gobierno que confundió moralismo con política pública y propaganda con desarrollo.