México, que desde 1824 asumió el modelo constitucional estadunidense como fundamento para establecer el pacto federal que hasta la fecha ha prevalecido, fue perfeccionando a lo largo de estas dos centurias la división entre los poderes de la Unión con el objeto de dar vida a un gobierno equilibrado, transparente, eficiente y en el que la legalidad fuera respetada, irrestrictamente, en todo momento. Paralelamente, el presidencialismo que se fue gestando a lo largo de nuestra vida independiente como Nación, aún y cuando alcanzó momentos de gran concentración del poder, en el último cuarto del siglo XXI comenzó a ser acotado. No obstante, ha sido en el transcurso del sexenio que está por fenecer en el que se ha arribado a una de las fases de mayor concentración del mismo, incluso aún más que en el llamado hiperpresidencialismo -tal y como lo concibió Juan Linz-, ya que el titular del ejecutivo federal no sólo se ha ido fortaleciendo “per se”, sino que se ha dedicado a intervenir, invadir y socavar el arduamente estructurado sistema de pesos y contrapesos que los otros dos poderes de la Federación ejercían respecto del ejecutivo, lo cual era ya de suyo alarmante.

Es cierto que toda crisis en la división de poderes impacta de manera particular en el orden judicial, pero cuando la estructura constitucional es sólida y la sociedad la respeta, su función se ve consolidada. Ejemplo de ello fue la reforma judicial de 1994, que reforzó la independencia de este poder al crear al Consejo de la Judicatura Federal, a la Escuela Federal de Formación Judicial, además de haber introducido mecanismos innovadores para el control constitucional, como las acciones y controversias de inconstitucionalidad. Transformación jurídica que sentó las bases para que, años después, el sistema jurídico mexicano incorporara los criterios del Sistema Interamericano provenientes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), así como de la jurisprudencia y opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de fortalecer la protección efectiva de los derechos humanos; el acceso a la justicia, así como la independencia y separación de los poderes.

Sí, treinta años de esfuerzo tenaz hicieron de la transparencia constitucional y convencional una poderosa realidad que frenó en gran medida la intervención de agentes políticos externos. Treinta años en los que la formación y especialización de los juzgadores lograron construir un espacio de crecimiento y libertad de criterio, consolidando al poder judicial como un verdadero poder independiente y referente jurisdiccional en el plano internacional, pero que ahora se ve al borde del precipicio.

De mil maneras ha advertido el ilustre catedrático universitario y ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá de los peligros en privilegiar la ideología sobre el derecho y la popularidad sobre los argumentos y formación jurídicos, así como del “vendaval relativamente moderado” que ha alcanzado “proporciones ciclónicas desde todas las tribunas” contra el poder judicial. De ahí su sentencia: “Hoy México está ante una encrucijada y de la decisión que se tome pasaremos a la historia”, por haber defendido al sistema jurídico nacional o como un infractor que ameritará la condena internacional.

No es para menos, ante nuestros ojos y los de la historia, el poder judicial de la Federación está a punto de sucumbir, devorado por su homólogo, el poder legislativo, que no ha dudado en contravenir la legalidad y los mandatos judiciales en franco quebrantamiento del régimen constitucional, con el único fin de acatar la necrovoluntad del titular del ejecutivo federal emanada del resentimiento de quien se autovictimizó por haber sido frenado en los excesos de sus actos de poder, desconociendo que no se puede aplicar la ley en perjuicio de persona alguna ni de manera retroactiva en perjuicio de nadie. ¿Dónde deja a la progresividad, a los derechos humanos y al principio pro persona, no sólo de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación sino de toda la población? ¿Por qué su afán en pulverizar el prestigio del México reconocido como garante irrestricto de la ley y de la constitucionalidad ante el concierto internacional?

Ojalá que México pueda salir adelante de esta atroz e inédita coyuntura, pues de no ser resuelta conforme a Derecho será puerta hacia el mayor autoritarismo presidencial que hayamos conocido, ruptura del Estado de Derecho y paso directo a la anarquía social, porque aún si 36 millones fueron sus votantes, no son la Nación en pleno y mucho menos justificación para que sea destruida nuestra Nación. (Continuará)