León Castellanos-Jankiewicz, asociado COMEXI
@leoncastjan
La emergencia médica está poniendo a prueba la solidaridad entre las naciones y los migrantes suelen pasar desapercibidos. No olvidemos que la calidad humana se manifiesta y juzga principalmente en el trato hacia los más necesitados.
Tras años de intentar impedir el acceso y asentamiento de migrantes y refugiados en Estados Unidos, pareciera que Donald Trump finalmente logrará su objetivo. El pasado viernes, los gobiernos de México y EE.UU. anunciaron por separado el cierre parcial de la frontera entre ambos países citando medidas para evitar la propagación del coronavirus. Con este acuerdo, se vetan todos los traslados “no esenciales”, en particular los desplazamientos con finalidades turísticas y recreativas, hasta el 20 de abril. Pero en realidad, la pandemia también está siendo invocada como antifaz para justificar un blindaje inédito de la frontera y la expulsión sistemática de migrantes desde Estados Unidos que, sin lugar a dudas, también afectará localidades mexicanas en estos tiempos de crisis.
Las nuevas disposiciones ponen en riesgo a los migrantes situados en zonas fronterizas, siendo éstos particularmente vulnerables en la situación actual. Ello, puesto que las autoridades norteamericanas han afirmado que toda persona indocumentada que ingrese al territorio de los Estados Unidos será retornada al punto de entrada o a su país de origen. El gobierno de Trump también está permitiendo la deportación de miles de solicitantes de asilo quienes buscan entrar a EE.UU. por vías legales a través de las cortes de migración, muchas de las cuales suspendieron sus actividades el 18 de marzo. Visto su carácter aparentemente indiscriminado, estas medidas podrían violentar el derecho internacional.
El reenvío de refugiados a lugares que representan un riesgo para su integridad personal está prohibido por convenciones internacionales a las cuales México y los Estados Unidos están sujetos. Es importante que el gobierno mexicano busque la implementación del nuevo acuerdo fronterizo en armonía con dichas obligaciones, plasmadas principalmente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Al mismo tiempo, es de lamentarse que el gobierno de los Estados Unidos utilice a la pandemia como excusa para escalar su política migratoria excluyente.
El anuncio del cierre parcial de la frontera ha dominado los medios al grado que ciertas medidas más estrictas y consecuentes para migrantes han pasado casi desapercibidas. Por ejemplo, los centros para el control y prevención de enfermedades de EE.UU. emitieron un reglamento el mismo 20 de marzo autorizando el reenvío o deportación automáticos de migrantes durante un año, impidiendo así el trámite de solicitudes de asilo. Esta decisión inédita podría tener como consecuencia el cierre efectivo de todo el sistema de asilo estadounidense y seguramente afectará de manera desproporcionada a países vecinos como México. En el pasado, esta medida ha sido bloqueada por las cortes norteamericanas, dado que viola las garantías procesales de los requirentes. Hoy día, existe el riesgo de las cortes de Estados Unidos no sean competentes para bloquear estas restricciones, dados los poderes exorbitantes que tiene el poder ejecutivo para implementar políticas de seguridad nacional.
En conferencia de prensa anunciando las medidas, el Presidente Trump citó la migración como argumento para cerrar la frontera cuyos flujos, continuó, ponen en peligro la seguridad sanitaria. Sin embargo, los hechos no corroboran el riesgo invocado por el presidente norteamericano: al día de su anuncio, México registraba 164 casos de coronavirus, mientras que en Estados Unidos habían más de 17,000 pacientes confirmados. Por su parte, Guatemala, Honduras y Belice, países desde donde originan cantidades importantes de migrantes, registraban 37 casos en total. Sin duda, la contención viral debe ser asegurada en fronteras con un alto índice de tránsito. Pero ello no justifica el rechazo sistemático de miles de migrantes y solicitantes de asilo sin distinción, en especial cuando no se ha comprobado que la población migrante ha sido expuesta en forma significativa al coronavirus.
