Por Fernando Sánchez Argomedo
El bienestar de los mexicanos no admite distracciones. Primero lo primero. #OpinionCoparmex
Consejero y Presidente de la Comisión de Bienestar e Impacto Social de COPARMEX Nacional.
@fsargomedo
México atraviesa un momento que exige claridad, responsabilidad y visión de largo plazo. El sector empresarial organizado no puede permanecer al margen cuando se toman decisiones que afectan las condiciones estructurales del país.
Las prioridades hoy son evidentes: seguridad pública, Estado de Derecho y certeza económica para atraer inversión. No es una opinión empresarial aislada; es el diagnóstico que comparten ciudadanos, analistas, organismos internacionales y mercados. En ese contexto, abrir un proceso de reforma electoral sin respaldo social amplio ni construcción de consensos resulta, cuando menos, inoportuno.
Nuestro Presidente Nacional, Juan José Sierra, lo ha señalado con precisión y con la firmeza que este momento requiere: “México necesita estabilidad, no más fuentes de incertidumbre; las reformas que nacen de la imposición dividen, las que nacen del consenso construyen.” Esa frase resume el espíritu que debe orientar la agenda pública en este periodo.
El sistema electoral mexicano es resultado de décadas de negociación, esfuerzo ciudadano y construcción institucional. Desde los años noventa, cada avance en materia electoral fue producto del diálogo entre fuerzas políticas, sociedad civil, academia y ciudadanía organizada. La autonomía de las autoridades electorales, la representación plural y la confiabilidad del voto son conquistas colectivas, no concesiones del poder. Modificarlas sin ese mismo proceso de construcción compartida introduce riesgos que el país simplemente no puede permitirse hoy.
Desde COPARMEX reiteramos: el bienestar sostenible no existe sin instituciones confiables. La pobreza no se combate con inestabilidad política. La generación de empleos formales, la inversión en infraestructura social, la seguridad en comunidades vulnerables —temas que son el corazón de nuestra agenda— dependen directamente de que el Estado mexicano transmita certeza jurídica y solidez institucional hacia adentro y hacia afuera.
La dimensión internacional no es menor. México está inmerso en negociaciones estratégicas: la revisión del T-MEC, la actualización del Acuerdo Global con la Unión Europea, la competencia por inversión frente a otras economías emergentes. En todos estos escenarios, la legitimidad democrática es un activo tangible. Debilitarla —aun con intenciones declaradas de mejora— tiene costos reales en términos de confianza y capital.
Nuestra posición no es de defensa irreflexiva del statu quo. El sistema electoral mexicano es perfectible, como toda institución humana. Pero la pregunta relevante no es si puede mejorarse, sino cuándo y cómo. Y la respuesta responsable hoy es: mediante diálogo incluyente, con participación ciudadana real, sin prisas ni cálculos de conveniencia política.
El llamado desde COPARMEX es claro: concentremos los esfuerzos del Estado en lo urgente. Atendamos la violencia que paraliza regiones enteras. Generemos las condiciones que detienen la fuga de inversión. Fortalezcamos el tejido social que el país necesita para crecer con equidad. Las reformas estructurales que México requiere son aquellas que amplían oportunidades, no las que profundizan divisiones.
