Nos quieren desarticular y desmovilizar, impedir que sigamos organizándonos frente a los abusos del poder. Lo que está en juego no es solo una ley: es el derecho de la sociedad a defenderse del Estado.
El oficialismo ha aprobado al vapor una serie de leyes que minan la democracia y vulneran los derechos de la gente. Primero fue la mal llamada Reforma Judicial, con la que Morena impuso perfiles a modo del partido en el poder, debilitando la independencia de jueces y magistrados. Ahora, arremeten contra el último dique que protege a las y los ciudadanos frente a los abusos del Estado: el juicio de amparo.
El derecho de amparo, que es una aportación de México para el mundo, protege a las personas del abuso del poder del gobierno, y no al revés. Esta reforma aleja a la gente de a pie de la justicia: a las comunidades, los pueblos, los colectivos, las organizaciones de la sociedad civil, a quienes defienden el agua, los árboles, la tierra, el cuerpo, a todas y todos los que han usado la ley para hacer valer la Constitución frente a su toma militar.
Morena y el obradorato no perdonan haber detenido su abuso de poder y defender así a las comunidades, como lo hicieron con el amparo que detuvo las obras del ecocida Tren Maya, frenar la militarización del país en dos ocasiones —una con Peña y otra con Obrador—, parar la irregular construcción del AIFA, o conseguir protección para los niños que no tienen medicamentos para el cáncer.
La reforma tiene dedicatoria: está dirigida a los colectivos que se opusieron a la militarización de la seguridad pública, a las comunidades que frenaron megaproyectos como el Tren Maya y a todas las organizaciones que han usado la ley para defender derechos.
El amparo es, desde hace más de un siglo, el instrumento jurídico que permite a cualquier persona defenderse frente a actos arbitrarios de la autoridad. Gracias a él, comunidades han frenado megaproyectos que destruyen el medio ambiente; infancias con cáncer han logrado que se les proporcione medicamentos; y organizaciones civiles han conquistado el derecho a decidir a través del juicio de amparo. Por eso, el amparo ha sido —y sigue siendo— la vía que permite a la ciudadanía defenderse cuando todo lo demás falla: cuando la autoridad abusa, cuando el sistema ignora, cuando la ley se aplica con sesgo.
Básicamente, esta reforma limita a la ciudadanía frente a los actos de autoridad. Aunque incorpora la figura de la lesión jurídica colectiva —en apariencia para ampliar la protección de derechos—, en realidad restringe a las minorías, al reducir el alcance del amparo y debilitar el principio del interés legítimo.
En 2013, México reformó la Ley de Amparo para fortalecer la protección de los derechos humanos, ampliar las posibilidades de defensa y reconocer el interés legítimo, que permitió que organizaciones civiles y colectivos acudieran a los tribunales para defender causas colectivas: el medio ambiente, la salud, la libertad reproductiva, el acceso al agua o el derecho a una vivienda digna. Desde entonces, el avance jurisprudencial ha demostrado que el amparo no solo protege derechos individuales, sino también derechos colectivos.
Incluso antes de la toma abusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emitieron criterios que ampliaron el alcance de la justicia constitucional, reconociendo que las personas y organizaciones pueden defender causas que les afectan de manera indirecta pero real, precisamente porque el daño a la colectividad también vulnera a cada individuo.
Por si no fuera poco, esta reforma viola el Acuerdo de Escazú, la Declaración de Río, el Convenio sobre Diversidad Biológica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 4° Constitucional, porque impide el acceso a la justicia en materia ambiental. Y como si fuera poco, en la Suprema Corte estuvo a punto de aprobarse un proyecto de sentencia de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, que pretendía restringir el interés legítimo de las organizaciones civiles para promover amparos en defensa de derechos colectivos, especialmente en materia ambiental.
Aunque el proyecto fue finalmente retirado, es una muestra clara de cómo se busca poner el último clavo al ataúd de los derechos de las personas, cerrando la pinza entre el poder político y el judicial para limitar, desde ambos frentes, la posibilidad de exigir justicia.
En Movimiento Ciudadano siempre estaremos a favor de la gente y de sus derechos. No podíamos acompañar esta iniciativa porque atenta directamente contra la justicia, la democracia y las libertades que nos costaron generaciones conquistar en contra del abuso del poder.
