La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentenció que es ilegal criminalizar el aborto a través del Código Penal Federal, pero la Cámara de Diputados y el Senado de la República siguen en desacato.
Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Diputada por Movimiento Ciudadano
Por el bien de México, primero las niñas, las jóvenes y las mujeres. El Estado mexicano está en deuda con todas ellas. En pleno siglo XXI, México vive una gran contradicción: tenemos a la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, y un Congreso paritario, pero seguimos sin romper con el pacto patriarcal ni saldar esta deuda histórica con niñas y mujeres.
No más niñas obligadas a ser madres, jóvenes criminalizadas o mujeres perseguidas y encarceladas por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo, mientras los criminales violadores siguen impunes y protegidos, muchos de ellos miembros incluso de sus propias familias. Las cifras hablan por sí solas: más de 7,500 carpetas de investigación de las fiscalías en contra de mujeres, y la CDMX encabeza la lista.
Hace unos meses, la Secretaría de Salud Federal publicó cifras que estremecieron al país entero: los datos sobre niñas madres, donde se reportan casos de niñas de hasta 9 años dando a luz, y diferencias de edad de más de 70 años con los violadores. Se acabaron los pretextos, esto debe parar. Es momento de conformar un bloque feminista por el derecho a decidir en el Congreso Federal. Por eso es histórico lo sucedido en septiembre de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en revisión promovido por la sociedad civil organizada. En esa sentencia se declaró inconstitucional el delito de aborto contenido en el Código Penal Federal. La Corte fue clara: criminalizar a las mujeres y personas gestantes por interrumpir un embarazo viola sus derechos humanos.
La marea verde en las calles y en los congresos locales abrió camino. Hoy, cada entidad federativa ha avanzado de manera distinta: en algunas se ha logrado eliminar el delito de aborto de los códigos penales; en otras persisten las restricciones y criminalizaciones. Esta disparidad genera un mapa de desigualdad que evidencia que, en México, el acceso a derechos fundamentales aún depende del lugar donde naces.
Desde Movimiento Ciudadano lo hemos dicho con claridad: primero las niñas y los niños, y por ello también debemos garantizar su bienestar. Por eso, la reforma al Código Penal Federal es urgente. Solo así podremos asegurar que todas las mujeres y personas gestantes, sin importar su estado de residencia, ejerzan en igualdad de condiciones su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Una de las exigencias máximas del feminismo es que las mujeres y personas gestantes podamos decidir sobre nuestros cuerpos, no solo como un derecho humano, sino también como una postura política frente a un sistema que históricamente nos ha negado autonomía, y que nos ha querido “maternales” y productivas. Defender el derecho a decidir es defender la libertad de vivir nuestras vidas con dignidad, sin la tutela del Estado, de las iglesias o de intereses que pretenden imponerse sobre nosotras.
No podemos permitir que los avances conquistados por la lucha feminista se estanquen en la burocracia legislativa. Es momento de cumplir con la sentencia de la Corte, pero también con la historia: garantizar que ninguna mujer enfrente la cárcel por decidir sobre su cuerpo y que el Estado asegure un servicio público, seguro y gratuito de interrupción del embarazo en todo el país.
En un Congreso paritario, el reto es ineludible y representa una deuda histórica que tenemos que saldar quienes lo integramos. Si todas las diputadas votáramos hoy a favor del derecho de las mujeres a decidir sin restricciones, la reforma quedaría aprobada de inmediato. La paridad no solo debe reflejarse en números, sino en decisiones que transformen la vida de las mexicanas. Legislar por el derecho a decidir es la prueba de que nuestra presencia en el Congreso no es simbólica, sino una herramienta real para garantizar justicia e igualdad.
