Un solo tuit o posteo desató la ira, pero también un debate necesario y útil, que deseo continúe, sobre el papel de los medios de comunicación en la educación de calidad y la formación integral de niñas, niños y adolescentes.
Por supuesto no son equiparables, pero ambos inciden en las percepciones, creencias, conocimientos o cultura de niñas, niños y adolescentes. Hay cientos de estudios académicos que lo demuestran desde los años sesenta y que en otro momento podemos detallar.
Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión
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El 2 de agosto escribí en X (antes Twitter): “¿Y si así como se están revisando los libros de texto gratuitos hacemos el mismo ejercicio de revisar los contenidos de la radio y la televisión y vemos quién tiene más errores, quién violenta más derechos humanos, quién engaña o manipula?”.
Se vinieron entonces cientos de insultos por mi “ocurrencia”, pero también de opiniones diversas: de quienes consideran que los medios no influyen en la niñez y que me centrara en los errores de los libros de texto, hasta aquellas sobre un papel más activo de las audiencias en la observación o escucha crítica de las producciones audiovisuales ante el impacto que tienen en la vida cotidiana de millones de niñas, niños y adolescentes.
Luego cité algunos datos para dar más elementos a la propuesta. Recordé que con base en estudios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), niñas y niños vieron televisión un promedio de 5 horas con 15 minutos al día (que es, por cierto, un tiempo más elevado al destinado a las clases en la escuela primaria). También precisé que el horario de mayor exposición de niñas y niños se identificó de 21 a 22 horas y que el género que más ve dicha población son los dramatizados unitarios (como La Rosa de Guadalupe), seguido de las telenovelas y en tercera posición las caricaturas.
Finalmente recuperé lo que señala el artículo sexto de la Constitución, en el sentido de que al Estado corresponde la facultad de garantizar que el servicio de la radiodifusión (radio y televisión abiertas) sea prestado en condiciones de competencia y calidad; brinde los beneficios de la cultura; preserve la pluralidad, la veracidad de la información y el fomento de los valores de la identidad nacional, para contribuir así a los fines establecidos en el artículo tercero de la Constitución, que es, justo, el de la educación.
En ningún momento propuse la censura como opción. Sin embargo, en una lectura totalmente tergiversada, Fray Bartolomé, un columnista de los llamados “trascendidos”, muy leído por la clase política en este país, aseveró el 4 de agosto que sugerí que “el gobierno controle los contenidos de radio y televisión”, en un afán por defender los libros de texto y a la 4T. Y argumentó que las concesiones manejadas por particulares “no son equiparables a los materiales educativos obligatorios que se reparten en todo el país”.
Independientemente de eso, los concesionarios de frecuencias de radio y televisión sí tienen obligaciones también con la sociedad establecidas en la Constitución, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), así como en otras leyes, lineamientos y otros ordenamientos jurídicos. También están claramente detalladas en sus títulos de concesión, dado que explotan frecuencias que no son de ellos, sino de la nación.
En el caso específico de niñas y niños, los concesionarios están obligados a producir y transmitir contenidos que propicien el “desarrollo armónico de la niñez”, aunque también aplica el “mejoramiento de los sistemas educativos”, la “igualdad entre hombres y mujeres” y “la divulgación del conocimiento científico y técnico” (artículo 223). También hay otro artículo (el 226) dedicado exclusivamente a sus obligaciones con respecto a dicha población infantil y adolescente, como evitar transmisiones en las que se discrimine, no se respete la dignidad de todas las personas, se estimule o se haga apología de la violencia, entre otras.
La radio y la televisión comercial, pública y de uso social, son actores fundamentales para garantizar, también, el interés superior de la niñez. No sólo se trata de una obligación de las diferentes instituciones del Estado, como la SEP. De ahí la propuesta de que las audiencias participemos más activamente para revisar que en los contenidos audiovisuales se respeten los derechos humanos porque, aunque es una obviedad decirlo, también ahí hay errores, faltas o violaciones a la legislación en contenidos diversos, sin el escrutinio que hemos visto con la lectura de los libros de texto. Y me refiero no sólo a Televisa o TV Azteca, sino también a algunos medios públicos. Es un ejercicio útil y cada vez más necesario.
Empoderar, pues, a las audiencias de la radio y la televisión, así como de las plataformas audiovisuales (como Netflix y Spotify), es un imperativo en la era digital que estamos viviendo, donde las personas más vulnerables a contenidos dañinos son las niñas, niños y adolescentes. No lo digo tampoco yo, lo aseveran organismos internacionales (por ejemplo, véase la Observación General 25 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU). Y la solución, como también se ha demostrado, no es tan simple como apagar la tele, cambiar de canal o navegar en otra página de Youtube.
La tutela efectiva de los derechos de las audiencias es una de las posibilidades, al igual que el impulso de campañas de alfabetización mediática e informacional, como las que promueve la UNESCO. Sin embargo, ha sido un grupo de la misma industria de la radiodifusión la que ha combatido legal, política y mediáticamente esos derechos humanos, que fueron incluidos en la Constitución y en la ley, porque afectan intereses políticos y económicos (por ejemplo, la venta de noticias). De autorregulación, mejor ni hablamos. No ha funcionado en infinidad de casos.
Luego del columnista que he citado, se publicaron más columnas de opinión en contra de mi propuesta, así como el posicionamiento de una asociación que no sólo se opone a la 4T a través de las críticas (algunas consistentes) a los libros de texto, sino también a los derechos que, usted apreciada, apreciado lector, tiene como audiencia, y a la labor que al respecto realiza la Asociación Mexicana de las Defensorías de las Audiencias (AMDA). Pese a la presión, las audiencias seguirán siendo protagonistas de nuestras convicciones, aunque desaten ira. ¿Audiencias pasivas o críticas? Usted decide.
