Por lo anterior, declarar este tipo de eventos como narcoterrorismo sería un error político y estratégico. En cambio, será mejor elevar el costo para los perpetradores, a fin de reducir la probabilidad de recurrencia.
Discanto: “Nada espectacular el Mal, y siempre humano, comparte nuestra cama y come en nuestra mesa, y nos presenta el Bien todos los días.” – W.H. Auden.
Senior Advisor en riesgo político y seguridad en Miranda Partners
El pasado 24 de octubre, se registró la detonación de un coche bomba en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. No es para menos que eventos como éste reabran debates inconclusos en torno al crimen organizado en México. Uno de estos debates es el que gira en torno a la existencia de “narcoterrorismo” en nuestro país.
Por una parte, es complicado identificar una reivindicación política, religiosa o ideológica en actos o tácticas como las de Acámbaro. Por otra parte, sin embargo, no está claro que las motivaciones de los grupos delictivos sean puramente económicas, especialmente tras casi 18 años de “ciclos de violencia y contraviolencia” en México –tomo prestado el concepto de Simon Critchley).
Paradójicamente, este debate se torna un tanto bizantino, pues resulta inservible para propósitos de política pública –es más, propicia la parálisis. En su lugar, sería más útil que nos enfocáramos en la implicación política que eventos violentos como los de Guanajuato pretenden generar. Aunque sutil, es un giro conceptual que vale la pena desarrollar brevemente.
Conviene primero preguntarse qué implicación política busca el crimen organizado al realizar este tipo de expresiones de violencia: ¿disuadir u obligar a que un gobierno no emprenda acciones en su contra, al tiempo que se envía un mensaje de superioridad a grupos delictivos rivales y a la sociedad en general? Así parece ser en la mayoría de los casos. Al final, los grupos delictivos apuestan a que las expresiones de violencia extrema que se cometan a nivel local, inevitablemente dé forma a la percepción de seguridad a nivel nacional. Así, una de las principales implicaciones de este tipo de violencia reside en su impacto a nivel político-estratégico. Concretamente, este tipo de tácticas están orientadas a explotar la principal debilidad de cualquier gobierno: el desgaste político que conlleva el ejercicio del poder.
Relacionado con lo anterior, la noción de narcoterrorismo en México adquiere tracción a la luz de las atroces tácticas de la delincuencia organizada en el país. Uno de esos casos en su momento fue el uso de artefactos explosivos improvisados (AEIs). Estas tácticas han sido leídas como una muestra del poder y la sofisticación de los grupos delictivos, así como del advenimiento de una fase 2.0 del crimen organizado en México. En ese momento, en este espacio se sugería que el uso de AEIs por grupos delictivos en nuestro país podría ser más un reflejo de adaptación que de innovación táctica o de poder.
De manera similar, los eventos de violencia exacerbada de la semana pasada en Acámbaro se inscriben en este proceso de adaptación por el que atraviesa el crimen organizado en nuestro país, particularmente Guanajuato. Sobre todo, considerando las tendencias más recientes del submundo criminal, a saber: más fragmentado, crecientemente de carácter local, diversificado en sus actividades ilícitas y, ciertamente, más tóxico y violento en su actuar.
