Lamentablemente palabras vacías no sirven. No importa que ahora la ley diga que las mujeres indígenas tienen derecho a todos sus derechos, si es ahí donde se vive y recicla el atraso y la exclusión. Veremos.
Periodista, editora de género en la OEM y directora del portal informativo Semmexico.mx
Adiós 2025 Año de la Mujer Indígena, el tiempo para resaltar el papel de estas mujeres en la historia, combatir el racismo y la discriminación por ser mujeres e indígenas. Iniciativa de la Presidenta coincidente con la recomendación general número 39 de la CEDAW, para asegurar el desarrollo y los derechos políticos de estas mujeres.
Prolífica la idea y certeza de que ellas, indígenas y afromexicanas son las de más atrás, para ellas discurso de reivindicaciones, viendo sólo las económicas. Pero su condición y problemática no tuvo una política específica ni inversión extraordinaria, tampoco planes para las más de 3 millones que viven en las zonas rurales.
Sólo discursos de reconocimiento, no la vinculación de la violencia de género con la violencia ambiental, ahí libres y sin ataduras las industrias extractivas que dañan las tierras indígenas; sigue la exclusión de los derechos a la tierra; las controversias están en tribunales, viviendo el sueño de los justos, incluidos los afectados por el AIFA o el Tren Maya.
¿Las indígenas? En su vida diaria. Niñas “vendidas” y obligadas a casarse prematuramente, continuadas maternidades, no educación sexual, cierre de las casas de la mujer campesina. Niñas indígenas que abandonan la escuela por los cuidados; acompañante en la migración y entre ellas mayoría de muertes maternas. Toda política son “apoyos económicos”.
Especialistas, como la antropóloga Paloma Bonfil, sostienen que la percepción es de no avance. Aunque hay discursos de reconocimiento a las líderes indígenas, siguen sin resolverse temas como la discriminación y la exclusión por razones de género.
Los principales problemas a la vista son: altos niveles de pobreza y analfabetismo; acceso limitado a servicios de salud; escasas oportunidades en el mercado laboral formal; violencia doméstica y sexual, violencia emocional y agresiones por su activismo en defensa del territorio. Se multiplican las denuncias por no acceder a la justicia, la falta de intérpretes y defensorías que hablen su lengua y conozcan su cultura.
De acuerdo con el Censo de 2020 del Inegi viven aproximadamente 11.9 millones de mujeres indígenas, 51.4% de la población que se autoidentifica como indígena (23.2 millones en total), aunque cifras de 2023-2025 mencionan un total de 39.2 millones de personas autoidentificadas y alrededor de 7 millones que hablan una lengua indígena, siendo la mayoría de las mujeres indígenas concentradas en estados como Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Veracruz. Las cifras son según la fuente.
Hay decisiones sin consultarlas y son graves, como la Norma Oficial NOM-020-SSA-2025, de marzo, que regula sus actividades, imponiéndoles un modelo médico hegemónico que pone en riesgo siglos de conocimiento ancestral.
Las parteras son un mínimo ejemplo del estilo como se hacen las cosas en esta administración, donde la palabrería quiere sustituir a la problemática. Las parteras tienen importancia vital, pero enfrentan lo de siempre: la norma no resuelve reconocer certificados de nacimiento que expiden, las rechazan registros civiles y hospitales.
La palabrería no se respalda con política pública. El signo del gobierno femenino de Claudia Sheinbaum Pardo, no concreta nada. La pregunta es por descoordinación, desinterés de los equipos de gobierno, o resquebrajamiento del proyecto.
Quienes opinen son hombres y dicen todas son dificultades internas de Morena, o sea la superficie, o la lucha política. Necesitamos hondura, bajar a la tierra, entender la condición femenina en general y las indígenas en particular. Vincular su condición a la política de seguridad que las violenta. Ir más allá de la mirada política y de lucha por el poder.
