*Manuel Guadarrama es maestro en políticas públicas y profesor universitario.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 trae consigo la factura de los excesos cometidos en los últimos dos años de la administración obradorista. Además, en plena discusión del Paquete Económico, se continúan aprobando reformas constitucionales que implican aún más costos. ¿Cómo se pagarán nuestros derechos?
Los cálculos realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una vez más son optimistas. Por ejemplo, mientras las estimaciones de bancos y organismos financieros proyectan para México un crecimiento de entre 0.8 % y 1.2 % del PIB, oficialmente se considera un crecimiento de entre 2 % y 3 % del PIB. Esto, a su vez, implica que se estime un aumento en la recaudación y los ingresos públicos del 5.4 %, difícilmente alcanzable.
En la proyección del gasto público para 2025, aunque se intente hacer creer lo contrario, se plantean dolorosos recortes: una reducción del presupuesto para la Secretaría de Salud (-34 %) y la de Educación (-1.5 %). De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la inversión también presenta un recorte del 14 % respecto a 2024. Una mala noticia, ya que este tipo de recursos es precisamente el que detona el crecimiento del país. Los recortes al gasto implican afectaciones a programas de atención a la población más vulnerable y menores transferencias a los estados y municipios.
Mención especial requiere la deuda pública. Entre 2019 y 2025, el saldo de la deuda pasará de 14.4 a 18.6 billones de pesos. El CIEP estima que la deuda pública por persona alcanzará los 139 mil pesos en 2025. Este alto endeudamiento debe pagarse: para 2025 se prevé un gasto de 1.4 billones de pesos en costo financiero.
Al menos en papel, las reformas constitucionales continúan ampliando nuestros derechos: pago de becas, programas sociales, ayudas y pensiones. Sin embargo, los recursos del PEF no alcanzan y traen consigo recortes importantes. En las reformas relacionadas con organismos autónomos, reformas administrativas y del Poder Judicial se promete que los recursos resultantes de su extinción se destinarán al pago de programas sociales o de forma específica a las Pensiones del Bienestar. Sin embargo, en caso de que así sea, esto solo será una breve ilusión.
Los ahorros se convertirán en gastos, ya que: 1) las reformas reconocen y protegen los derechos laborales, por lo que existen dos opciones: se incorporan como trabajadores de la administración pública o son despedidos con la liquidación correspondiente con un costo adicional; 2) los recursos apropiados o confiscados de los organismos autónomos no equivalen en lo más mínimo al recorte de gasto programable, equivalente a 244 mil mdp; 3) la implementación de las reformas costará mucho más que lo “ganado” por reducir sueldos y desaparecer organismos.
El escenario que se configura para el próximo año ya había sido pronosticado. La irresponsabilidad del gasto en 2023 y 2024 está pasando factura en el primer año de esta administración. Una complicación adicional es la agenda que le imponen desde el Congreso a la presidenta Sheinbaum. A medida que el espacio para maniobrar el gasto público se reduce, la improvisación en los procesos legislativos aumenta la incertidumbre en esta administración.
