La última de las reformas estructurales que está pendiente se encuentra en el centro del debate. La reforma electoral reabre preguntas de fondo sobre las libertades individuales y su regulación.
Maestro en políticas públicas y profesor universitario.
@ManuGuadarrama
Desde 1997, el sistema electoral mexicano ha permitido alternancias reales en el poder. Actualmente opera con un modelo mixto de 500 diputaciones y 128 senadurías electas por voto directo y representación proporcional. La reforma propone mantener las 500 diputaciones, reducir el Senado a 96 integrantes y redistribuir las 200 diputaciones plurinominales: 97 para “los mejores perdedores” de cada partido, 95 por circunscripción con paridad de género y 8 para mexicanos en el extranjero. Además, en el Senado habría 32 senadurías de primera minoría.
La reforma electoral no elimina la competencia ni la posibilidad de alternancia y mantiene un sistema multipartidista con representación proporcional. Sin embargo, modifica incentivos políticos al prohibir la reelección consecutiva a partir de 2030 y reforzar la prohibición al nepotismo. Estas medidas pueden oxigenar élites políticas, pero también afectar la profesionalización y la rendición de cuentas. Habrá pluralismo político. La pregunta es si será solo de papel o competirán en condiciones equilibradas.
Los procesos electorales siempre pueden mejorar en materia de transparencia y rendición de cuentas. La propuesta incluye acceso oportuno del INE a operaciones financieras y la prohibición de aportaciones en efectivo. En el contexto actual de crimen organizado, el seguimiento de los recursos es uno de los puntos más sensibles del sistema. Destaca la incorporación de tecnologías en labores de fiscalización y cómputos distritales. Un cambio que ya generó polémica es la reducción de tiempos oficiales en radio y televisión -de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral- que reconfigura los espacios electorales.
Las libertades civiles no se modifican, pero los medios a través de los cuales se ejercen sí. La regulación del uso de inteligencia artificial (IA) y la prohibición de bots en redes sociales abren un debate que seguirá por años. Uno de los mayores riesgos en las elecciones es la desinformación y las fake news. Tratar de regular estos fenómenos complejos puede resultar contraproducente y terminar afectando las libertades civiles. La era de la IA y las plataformas digitales llegó para quedarse en las campañas políticas. La línea entre regulación y censura es lo que estará en juego.
Para 2027, la eficacia de la reforma electoral dependerá de las capacidades técnicas y presupuestales que se logren consolidar durante este año. La inseguridad será un factor clave. En este sentido, la reforma no incide directamente en las capacidades del Estado para garantizar condiciones óptimas. La reducción del presupuesto del INE y del Poder Judicial de la Federación lleva a cuestionar si la política de austeridad afecta el desempeño técnico del proceso electoral y la defensa de las libertades.
Algunas métricas dejaron de considerar a México como una democracia imperfecta para ser un régimen híbrido con rasgos autoritarios. Más allá de indicadores, la iniciativa electoral no inventa ni revienta los procesos electorales, pero el ajuste de piezas y engranes puede marcar la diferencia. Para la aprobación de la reforma habrá acuerdos públicos y secretos entre las fuerzas políticas que delimitarán el ejercicio de nuestras libertades. México continúa en transformación y el reto no radica en modificar reglas, sino en lograr que se apliquen.
