Maestro en políticas públicas y profesor universitario.
@ManuGuadarrama
La discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ha generado una de las polémicas más intensas entre empresarios, Gobierno y trabajadores. Aunque la propuesta avanzó en el Congreso, su implementación se perfila con resistencias y ajustes. Más allá de la reforma de las 40 horas, hay mucho por hacer.
Uno de los pendientes estructurales es el esquema del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que hoy presenta una clara problemática de inequidad. En comparación con otros países latinoamericanos, México exige a un trabajador con salario promedio pagar ISR, mientras que sus homólogos en Argentina, Chile o Brasil pagan prácticamente 0%. La carga recae con mayor peso en los trabajadores formales y de bajos ingresos.
La presión fiscal está en los formales y en los cumplidos. El daño al poder adquisitivo no solo proviene del pago de impuestos, sino de la falta de actualización de salarios, tanto en sector privado como público. Se requiere un rediseño fiscal y no solo parches como los regímenes simplificados o de incorporación fiscal, que tengan un enfoque de justicia fiscal.
El complemento de cualquier reforma laboral es la seguridad social, que incluye el acceso a servicios de salud. El economista Santiago Levy, en su libro “Buenas intenciones, malos resultados”, señaló que el diseño actual vincula las prestaciones al empleo formal, lo que incrementa los costos laborales y fomenta la informalidad. Propone un Sistema de Protección Social Universal que otorgue acceso efectivo a servicios de salud y una pensión digna, independientemente del estatus laboral. Por descabellado que parezca se puede financiar. Para hacerlo se requiere una reforma fiscal profunda. Más allá de la credencialización que actualmente impulsa la Secretaría de Salud para un servicio “universal” —con riesgos de derivar en un esquema clientelar— existe espacio para repensar el IVA y revisar prioridades presupuestales.
Otro problema entre la ley y la práctica es el pago de horas extra. En muchos centros de trabajo, ponerse la camiseta, cambiar de cachucha o asumirse como parte de la familia no se traduce en una remuneración adicional. De acuerdo con la OCDE, México es el país donde el costo legal de las horas extra es más alto. Sin embargo, en la práctica no se pagan. Únicamente alrededor de 3% de las horas extra se pagan en este esquema. La falta de pago no solo reduce el ingreso real del trabajador, también afecta la productividad. La reducción de la jornada debe acompañarse de una vigilancia efectiva del pago de horas extra, tanto en el sector público como en el privado.
A la problemática laboral se suma el déficit de tiempo libre, espacios recreativos y culturales. Datos del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico del Inegi muestran que la principal razón que impide un adecuado balance vida-trabajo es la falta de tiempo libre: 32.2% de las personas inactivas señala cansancio derivado de responsabilidades laborales. Otro 17.6% menciona agotamiento por labores domésticas o de cuidado. Este desgaste se agrava por largos traslados y deficiente movilidad urbana. Además, 33% de la población no cuenta con instalaciones recreativas cercanas; y de quienes sí disponen de ellas, casi la mitad las percibe en condiciones regulares o deficientes.
La agenda laboral no termina con un recorte de horas. Se requieren ajustes fiscales, una reforma profunda a la seguridad social y políticas que garanticen tiempo y espacios para el desarrollo integral y recreativo de las personas. Las condiciones laborales dignas deben dejar de ser un “lujo” y ser la normalidad. Agenda pendiente hay, y mucha.
