por Adrián Alcalá Méndez
Transitar del absolutismo a un Estado de Derecho implicó un proceso evolutivo que implicó el establecimiento de órganos constitucionales autónomos, independientes de los poderes públicos y con funciones esencialmente técnicas, necesarias para el Estado.
Confío que nuestro más Alto Tribunal hará que prevalezca el principio de supremacía de la Norma Fundamental, para continuar garantizando los derechos de las personas.
Comisionado del INAI
División de poderes y absolutismo son conceptos antagónicos: El primero supone un sistema de pesos y contrapesos, así como el reconocimiento y respeto a los derechos humanos; mientras que el segundo conlleva una concentración total de poder que por sí misma destierra la noción de estos derechos.
La Constitución de México no sólo señala tajantemente la división del poder en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que dispone que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, con la salvedad de las excepciones previstas en la propia norma.
Los también denominados órganos con autonomía constitucional no sólo fortalecen el espíritu mismo de la división de poderes al evitar su concentración, también contribuyen al otro propósito de un Estado Constitucional de derecho: la tutela efectiva de los derechos humanos; de ahí su importancia.
Se afirma lo anterior, toda vez que el respeto irrestricto a los derechos humanos no es una concesión graciosa, sino que se forma como una obligación constitucional y convencional. Por ello, cualquier acto u omisión que contravenga la naturaleza y la marcha adecuada de aquellas instituciones, resulta contrario a los mandatos establecidos en la Carta Magna, tanto en su parte orgánica, como dogmática, puesto que no sólo trastoca el diseño normativo al afectar el correcto funcionamiento y operatividad de los órganos en comento, sino que también incide en contra de los titulares de los derechos humanos, quienes resultan afectados al no poder ejercerlos cabalmente o accionar los medios de defensa que les asisten.
En este orden de ideas, la omisión de designar Comisionadas y Comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, afecta no sólo su operatividad y funcionamiento, sino que también hace nugatoria la posibilidad de que las personas puedan reclamar por los cauces jurídicos, conductas de los sujetos obligados que pudiesen resultar violatorias tanto del derecho de acceso a la información, como de la protección de datos personales.
Para ilustrar lo anterior, a través de datos, basta recordar que a la fecha van 138 días sin que el Pleno del Órgano Garante Nacional pueda sesionar válidamente, de tal modo que, al 9 de agosto, no se han podido resolver 5,612 proyectos, de un total de 8,028 asuntos todos referidos a personas titulares de derechos humanos que permanecen en una incertidumbre e inseguridad jurídica.
Ante tal escenario y conscientes de que al asumir nuestro encargo juramos guardar y hacer guardar nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanen, fue que, de manera unánime, en el INAI acordamos acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interponer la correspondiente controversia constitucional, quien en próximos días resolverá si es posible otorgarnos una suspensión, con el objeto de que podamos constituirnos en Pleno los cuatro integrantes que actualmente lo conformamos, hasta en tanto se pueda analizar los efectos que tendrá dicha controversia.
