por Fernando Escobar Ayala
En México no existe un modelo policial funcional. Esta es la principal conclusión desprendible del informe “Las policías en México: el drama de un retraso crónico”, elaborado por Causa en Común.
Lo que persiste es un sistema fragmentado, sin conducción efectiva y atravesado por profundas desigualdades entre corporaciones estatales y municipales. El debilitamiento de las policías es el resultado de decisiones de política pública que han erosionado sus capacidades y, en los hechos, han abierto la puerta a su desplazamiento acelerado por las Fuerzas Armadas.
Uno de los síntomas más claros del abandono policial es la pérdida de centralidad del Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano encargado de coordinar la política de seguridad. En los últimos años han disminuido sus sesiones y los acuerdos que emite carecen de elementos básicos: no establecen plazos, no fijan estándares claros ni incorporan mecanismos de evaluación. En estas condiciones, la coordinación nacional se vuelve una referencia formal sin efectos reales sobre el desarrollo policial.
A esta debilidad institucional se suma una política presupuestal que ha profundizado las brechas. La eliminación del subsidio para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios (FORTASEG) en 2021 significó la desaparición del principal mecanismo de financiamiento directo para policías municipales. El fondo que lo sustituyó concentra apenas una cuarta parte de esos recursos. Al mismo tiempo, los fondos para policías estatales han tenido incrementos marginales —apenas alrededor de 4 por ciento en 2026—, mientras que el gasto en Fuerzas Armadas supera los 236 mil millones de pesos. La señal es clara: la prioridad no está en fortalecer a las policías civiles.
El resultado es un sistema donde las policías locales operan con recursos limitados y capacidades desiguales. Esta situación se agrava por la falta de información confiable. En México no existe un registro preciso del número de policías. Los pocos datos oficiales disponibles, generados por el Inegi, son generalmente parciales y limitados, dada la reticencia de las autoridades para compartirlos. Aun así, la evidencia disponible muestra una caída en el número de policías municipales desde 2022, coincidente con la eliminación del FORTAEG, y la existencia de al menos 516 municipios sin corporación policial, es decir, cerca de una quinta parte del país sin presencia institucional básica en materia de seguridad.
En este contexto, la ausencia de un servicio profesional de carrera es otro problema estructural. Una investigación de Causa en Común reveló que solo 17 policías estatales cuentan con un sistema formal de carrera, mientras que en la mayoría de las corporaciones no existen reglas claras para el ingreso, la permanencia o el ascenso del personal. En el caso de las policías municipales, los datos son escasos pero contundentes para revelar la debilidad crónica de sus sistemas de carrera: en 2024 apenas 2,086 policías municipales ascendieron en todo el país, dentro de un universo de más de 150 mil elementos. Las deficiencias también alcanzan la formación policial. Existen inconsistencias en los registros, con casos donde se reportan más egresados que ingresos en academias. Esto, sumado a la falta de actualización de programas y evaluaciones, pone en duda la calidad de los procesos formativos. A ello se agrega un sistema de control débil. Hay entidades donde cientos de policías no han aprobado controles de confianza, pero no han sido dados de baja, lo que refleja la falta de consecuencias institucionales.
(Estos hallazgos se obtuvieron a partir del análisis de solicitudes de transparencia, mismas que dieron forma a los Índices de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia: una evaluación nacional del estado que guardan las policías estatales, penales y fiscalías en México. De este trabajo, se desprenden 1 informe nacional, 32 informes estatales y 3 informes municipales; los cuales, pueden consultarse en: https://www.causaencomun.org/informenacionaldetransparencia2025)
Las condiciones laborales reflejan de manera directa este abandono. El salario recomendado para policías es de $16,668 pesos mensuales, pero una proporción significativa gana por debajo de ese nivel: 55 por ciento de los policías municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales, y 13 por ciento de los estatales menos de 10 mil. A esto se suma que solo 53 por ciento de los policías municipales cuenta con seguridad social, frente a 92 por ciento en el ámbito estatal. Las jornadas laborales suelen ser extensas, con turnos de 24 por 24 horas o incluso esquemas de acuartelamiento de hasta seis días consecutivos.
Las carencias materiales son igualmente graves. Solo 32 por ciento de los policías municipales cuenta con chaleco antibalas y apenas 24 por ciento tiene un arma de fuego asignada. En muchos casos, las corporaciones estatales carecen de instalaciones básicas como dormitorios, comedores o espacios de entrenamiento. Es decir, el Estado exige a sus policías enfrentar contextos de alta violencia sin brindarles condiciones mínimas de protección.
Lejos de revertir estas deficiencias, la política de seguridad ha optado por fortalecer a las Fuerzas Armadas. Esta tendencia se refleja en el nombramiento de mandos militares al frente de instituciones civiles. En la actualidad, al menos 13 secretarías de seguridad pública estatales están encabezadas por perfiles militares. Más que una medida excepcional, se trata de una práctica creciente que desplaza a las policías y debilita los incentivos para su desarrollo.
Finalmente, desde 2018, se han registrado al menos 565 movilizaciones de policías en el país, principalmente por demandas de mejores salarios y condiciones laborales. Al mismo tiempo, la violencia contra estos elementos se mantiene en niveles elevados. Desde el inicio del actual sexenio, han sido asesinados al menos 517 agentes de seguridad pública, en su mayoría policías municipales y estatales. Son ellos quienes enfrentan la violencia con menos recursos y respaldo institucional.
En suma, el debilitamiento de las policías en México no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una política sostenida. Sin un cambio de rumbo que recupere el financiamiento, fortalezca la carrera policial y restituya mecanismos efectivos de coordinación, las
