por Asael Nuche
El problema no fue sólo el Mencho; fue el sistema que lo dejó operar. La pregunta es quiénes lo sostuvieron durante 15 años y si el Estado está dispuesto, finalmente, a investigarse a sí mismo.
@AsaelNG
El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido presentado como un punto de inflexión. Durante 15 años, esa organización se convirtió en una de las estructuras criminales más expansivas y diversificadas del hemisferio. Un crecimiento de esa magnitud no ocurre en el vacío.
El CJNG emergió públicamente en 2010 como Los Matazetas, en el contexto de la ofensiva federal contra Los Zetas. Allí donde esa organización fue debilitada, el CJNG ocupó rutas, mercados y redes logísticas ya existentes. Su expansión continuó con la caída de la Familia Michoacana y los Templarios y aumentó su control territorial de la mano de las autodefensas. Se afianzó en municipios en donde podía extraer rentas económicas y robar hidrocarburos.
No partió de cero; heredó infraestructura criminal y aprovechó vacíos territoriales. Pero la expansión posterior —control portuario, aduanal, economías turísticas, extorsión sistemática, diversificación hacia drogas sintéticas, robo de hidrocarburo, trata, y tráfico de personas— solo pudo consolidarse mediante protección institucional sostenida.
En el nivel municipal, los casos de alcaldes y policías que brindan cobertura política y operativa no son excepcionales. El episodio del alcalde de Tequila es apenas uno entre cientos en distintos estados donde autoridades locales facilitaron operación, omitieron controles o participaron activamente en esquemas de protección.
A nivel estatal, la depuración de policías y fiscalías ha sido mínima. Las evaluaciones de control de confianza no se traducen en investigaciones penales cuando detectan irregularidades; los mecanismos disciplinarios rara vez desmantelan redes internas; las fiscalías mantienen rezagos en investigación patrimonial y financiera; los titulares de seguridad y fiscalías en raras ocasiones son investigados. El resultado es un ecosistema permisivo donde la colusión puede operar con bajo riesgo. Ahí está el caso del extitular de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, que fue nombrado y tolerado pese a que había indicios de su complicidad con el CJNG.
En el ámbito federal, el déficit es todavía más visible en materia de inteligencia financiera. Las actividades del CJNG en zonas turísticas —incluyendo lavado de dinero mediante desarrollos inmobiliarios y empresas fachada— fueron objeto de investigaciones y sanciones impulsadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no por una ofensiva consistente de la Unidad de Inteligencia Financiera en México. La ausencia de procesos penales emblemáticos por lavado de dinero vinculados a esta organización evidencia que el combate patrimonial ha sido marginal frente a la dimensión del fenómeno.
Por eso la caída del Mencho muestra solo una cara de la moneda. La otra es la red de omisiones, tolerancias y complicidades que permitió que el CJNG operara durante casi dos décadas con expansión territorial sostenida. Ninguna organización criminal alcanza esa escala —con presencia en múltiples entidades y redes internacionales— sin protección política y administrativa en distintos niveles.
El ultimátum del presidente Donald Trump puso presión externa al gobierno de Claudia Sheinbaum que internamente se enfrenta a su propia base de poder. Cuando desde Washington se afirma que “a México le falta mucho por hacer”, la observación no se limita a operativos militares. Se refiere, a la ausencia de investigaciones contra redes de funcionarios y políticos que facilitaron la consolidación del CJNG. Hasta ahora, no se ha iniciado una sola carpeta que trace responsabilidades políticas por la protección institucional que sostuvo a esta organización.
Las muertes, desapariciones, desplazamientos forzados ocasionadas por este grupo criminal sólo son comparables a las de escenarios de conflicto armado no internacional. Entre 2017 y 2023, de aproximadamente 94 mil homicidios atribuidos al crimen organizado, 72 mil 639 (77.2 por ciento) estuvieron vinculados al CJNG según datos analizados por la Universidad de Uppsala (Suecia). Este saldo es sólo por siete de 15 años de complicidad y omisiones.
Sin embargo, la opinión pública suele concentrarse en la captura o abatimiento del líder visible, no en las condiciones que hicieron posible su ascenso. Si el Estado no investiga a quienes desde oficinas públicas facilitaron contratos, protegieron operaciones portuarias, bloquearon órdenes de aprehensión o inhibieron indagatorias financieras, el mensaje será inequívoco: la protección institucional no tiene consecuencias y la sucesión criminal es cuestión de tiempo.
