Por Asael Nuche
@AsaelNG
En el epicentro de la crisis de violencia en la que se encuentra México está la ineficacia de las instituciones de seguridad. Las policías, en particular, no han logrado consolidar las capacidades institucionales mínimas, necesarias para asegurar un desempeño profesional, apegado a derecho y ajeno a los vaivenes políticos que, lamentablemente, se repiten sexenio tras sexenio.
En aparente contraste con su antecesor, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca ahora fortalecer a las policías estatales, a través de un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). El principal eje de este acuerdo establece la meta de incrementar el número de policías en un 25 por ciento para el año 2029. Para ello, el Consejo mandata a las secretarías de Seguridad Pública a elaborar un plan de reclutamiento estatal para el periodo 2026-2030. Además, a partir de un modelo operativo homologado, en 2028 deberán existir 32 academias o institutos con infraestructura, recursos humanos, materiales y financieros mínimos para su funcionamiento.
El principal reto para las instituciones de seguridad es, sin duda, financiero. Cada aspirante reclutado, capacitado, evaluado, contratado y equipado que logre ingresar a las instituciones de seguridad consumirá recursos. Alcanzar la meta requiere un incremento del presupuesto por lo menos equivalente a 25 por ciento de los recursos actuales, a ejercerse durante los próximos cuatro años. De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del Inegi, las instituciones de seguridad pública estatales ejercieron un presupuesto de 98 mil 545.0 millones de pesos en 2024. Esto significa que, para 2029, este presupuesto deberá ascender a 123 mil 181 millones de pesos, como mínimo, si se quiere cumplir con la meta.
Sin embargo, el dinero no lo es todo. Las instituciones de seguridad enfrentan numerosas brechas respecto a su desarrollo institucional y mantienen una deuda histórica con los policías en cuanto a sus derechos y condiciones laborales. Subsanar estas deficiencias es crucial para tener un programa de reclutamiento exitoso e incrementar el estado de fuerza. Precisamente este año, Causa en Común publicó los resultados del Índice de Transparencia sobre el Desarrollo Policial (Intrapol 2025), en el que se evaluó el cumplimiento de los mecanismos mínimos necesarios para su desarrollo institucional, con base en la información proporcionada por las policías a través de solicitudes de información.
Para ilustrar la magnitud del reto de incrementar el estado de fuerza, tomaremos un caso situado en la media, como lo es Puebla (-52). De acuerdo con los datos proporcionados, la policía de Puebla tenía cuatro mil 972 elementos en diciembre de 2024. De acuerdo con la meta, su estado de fuerza deberá aumentar a seis mil 215 policías para 2029. Pero, durante 2024, no se llevó a cabo un concurso de promoción de grados, un elemento indispensable de todo sistema profesional de carrera. Además, se informó que no se dispone de un sistema para la administración de la carrera policial, lo que contradice la información proporcionada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta situación revela que los mecanismos supuestamente existentes para homologar y verificar a nivel nacional la existencia y correcto funcionamiento de los sistemas de desarrollo institucional que aplica el SESNSP no son efectivos.
En cuanto a profesionalización, la policía de Puebla informó que la academia estatal no cuenta con la infraestructura mínima necesaria para la formación policial, como estand de tiro real, pista de manejo policial, pista del infante y casa táctica, por lo que habrá que incrementar el recurso para subsanar estas deficiencias. En relación con la capacidad directiva se informó que 20 por ciento de mandos no cuenta con nivel bachillerato. En cuanto al recurso ejercido para formación inicial se calculó que el costo por aspirante ascendió a 19 mil 388.02 pesos. De mantenerse constante el costo, se requieren 24 millones de pesos para formar a mil 243 nuevos elementos, para alcanzar la meta.
En materia del régimen disciplinario, resalta la falta total de personal disponible para la atención psicológica de los elementos. Además, no existen mecanismos para la prevención de conductas indebidas y la tasa de inspecciones por elemento es notablemente baja (4.6 por cada 100 elementos), aspectos que debilitan la disciplina y el orden interno de la corporación. En materia de seguridad social, resulta alarmante que los elementos policiales carezcan de seguro de riesgos y servicios funerarios. Dada la naturaleza intrínsecamente peligrosa de su labor, es imperativo que el Estado garantice un piso mínimo de protección a estos servidores públicos y a sus familias.
Para hacer frente a la crisis de violencia, el tamaño de las policías es relevante, pero su crecimiento debe estar condicionado a una inversión sustancial en su desarrollo integral. Sistemas de carrera, profesionalización, certificación y disciplina, así como salarios y condiciones laborales dignas, son cruciales. Cada peso invertido en estos aspectos no solo se traducirá en más policías, sino, sobre todo, en mejores instituciones de seguridad.
