Por Alejandra Hernández (@_alehg)* 

Conforme avanza la implementación de la reforma judicial, los riesgos de politización y captura del sistema de justicia a manos de intereses ajenos se vuelven más tangibles. Cambiamos los procesos de designación de personas juzgadoras a través de concursos de oposición con diferentes etapas de evaluación, por un proceso de voto directo que, debido a sus grandes proporciones, volvió al examen de las candidaturas un mero trámite formal. El resultado es claro y afecta por igual a los diferentes cargos que serán votados el próximo primero de junio: los mecanismos que prometieron seleccionar a las mejores candidaturas no estuvieron a la altura de las exigencias.

Aunado a lo anterior, al adecuar la reforma federal a sus constituciones locales, los congresos estatales soslayaron temas estructurales y deudas históricas. Atenderlos habría marcado una diferencia positiva para el acceso a la justicia. 

La mayoría de las reformas judiciales estatales aprobadas hasta ahora no garantizan, por ejemplo, un presupuesto mínimo o base para las instituciones de justicia. Tampoco priorizan el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ni apuestan por sistemas de justicia digital. Mucho menos expresan la obligatoriedad de juzgar con enfoque diferenciado en razón de las características de vulnerabilidad de las personas involucradas en un conflicto. Así, se desaprovechó una oportunidad clave para fortalecer aspectos que —como los mencionados— son trascendentales para mejorar la justicia cotidiana.

Tanto la reforma federal como las estatales propiciaron la selección de perfiles que son problemáticos. La selección de candidaturas no idóneas, o con nexos a grupos políticos, de interés económico, o con el crimen organizado, amenazan con deteriorar la independencia judicial, la profesionalización de los poderes judiciales y, con ello, la calidad de la justicia.

Considerando los años que se han invertido en capacitar y formar a las personas juzgadoras encargadas de implementar reformas constitucionales tan importantes como la penal de 2008, la procesal civil y familiar de 2017, o la laboral de 2019, la afectación es aún más trascendental. Esas reformas fueron diseñadas para garantizar una justicia más cercana a las necesidades de la población. Como ciudadanía, estamos llamados a seguir de cerca el impacto que la elección judicial tendrá respecto de los avances alcanzados hasta ahora en la impartición de justicia federal y estatal.

En tal sentido, una herramienta accesible para conocer más de cerca a las candidaturas que participarán en la próxima elección judicial es el Observatorio Electoral Judicial. Se trata de un esfuerzo de la sociedad civil del que México Evalúa es parte y que presenta un perfilamiento de las y los candidatos a algunos cargos judiciales federales. Este análisis ya se encuentra disponible para cada una de las personas candidatas a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y a las Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En los próximos días estarán también disponibles fichas para las Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, las Magistraturas de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito.

Este perfilamiento se realiza con base en una búsqueda exhaustiva de fuentes públicas y con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, lo que permite presentar hallazgos relevantes sobre la formación académica, la trayectoría profesional, posibles conflictos de interés y señalamientos por responsabilidades administrativas o conductas ilícitas de las candidaturas. En el sitio web del Observatorio se incluye también un apartado de denuncia, donde se puede reportar cualquier irregularidad sobre las personas candidatas. 

Dadas las condiciones de esta elección judicial extraordinaria, el escrutinio público será decisivo para identificar las candidaturas que representan un mayor riesgo para la imparcialidad judicial, así como aquellas que cuentan con las mejores competencias.

*Alejandra Hernández es Investigadora Senior del Programa de Justicia de México Evalúa.