*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
Como nunca en la historia reciente de nuestro país, durante las últimas semanas la aplicación de las normas constitucionales para asignar diputaciones de representación proporcional generó un intenso debate público y una expectativa colectiva que nos colocó en dos escenarios distintos de interpretación de las reglas establecidas desde 1996. Al final, el viernes pasado, el Instituto Nacional Electoral, por mayoría de siete votos optó por una interpretación literal de las normas, frente a la propuesta alterna que presentó la Consejera Claudia Zavala, apoyada por la Consejera Dania Ravel y los Consejeros Martín Faz y Jaime Rivera.
La distribución aprobada por el INE otorga a la coalición oficialista una súper mayoría calificada, pues por ambos principios de elección, Morena, PT y PVEM sumarán 364 diputaciones equivalentes al 73 por ciento del total de la Cámara, mientras que la oposición integrada por PAN, PRI y MC sumarán 134, más una del extinto PRD y una diputación independiente, que en su conjunto equivalen al 27 por ciento de la Cámara. Viene el turno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya mayoría de magistraturas no ha querido tocar al oficialismo ni con el pétalo de una rosa.
Las consejerías que aprobaron esta distribución sostuvieron, en general, que no podían cambiar las reglas, aunque algunas voces expresaron que su interpretación, siendo legal, no era deseable, pero cancelaron la posibilidad histórica de sumarse a los múltiples ejemplos de cambios de criterio asumidos por el propio INE y por el Tribunal en una amplia gama de temas.
Mientras que, por su parte, la novedosa interpretación de la Consejera Zavala demostró que sí es posible encontrar una interpretación que conduzca a respetar el espíritu de la norma y, sobre todo, para lograr la mayor simetría posible entre los votos obtenidos por cada partido frente al número final de las curules que les corresponderá, con la ventaja de que el modelo propuesto suprime la premisa original del debate con respecto a si se debía asignar por coalición o por partido político, pero dejando en blanco y negro como debe entenderse el 8 por ciento de sobrerrepresentación.
Veremos qué decisión toma el TEPJF en un tema de la mayor relevancia para el país que, de confirmarse, dejará a la mayoría morenista con la posibilidad de modificar, por sí sola, rasgos esenciales del sistema político mexicano, de cambiar la constitución a su libre albedrío, suprimiendo el debate con la oposición que será relegada a un rol testimonial dado que no necesitarán negociar con ella para ejercer las atribuciones que le corresponden al poder legislativo; tan solo les quedará la tarea de encontrar tres votos que requieren en el senado para lograr la segunda mayoría calificada que requieren. Mecanismos de cooptación les sobrarán para lograrlos.
A partir del 1 de septiembre, si el Tribunal ratifica la asignación aprobada por el INE, con la instalación de la nueva legislatura, la democracia mexicana no será la misma. En fila esperan para su aprobación, los dictámenes de la reforma al poder judicial, la supresión de los órganos constitucionales autónomos, las ansiadas modificaciones propuestas por el régimen con relación a la guardia nacional y todas las demás que se les ocurran para consolidar un escenario monocolor y un hiper poder presidencial, sin frenos ni contrapesos, con jueces que atenderán los requerimientos del oficialismo y con minorías cuyas voces ya no estarán representadas en el texto constitucional que ya se está reescribiendo.
