Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
El rechazo a la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum por sus partidos aliados activó su plan B que no se circunscribirá a proponer reformas a legislaciones secundarias, si no que implica modificaciones constitucionales que serán incluidas en una iniciativa que busca, según informó, continuar la lucha de la 4T en contra de los privilegios que persisten en diversos espacios de la federación, estados y municipios.
Conforme con datos expuestos por la primera mandataria, existen costos anuales excesivos por cada diputación que integra la mayoría de los congresos locales, siendo en Baja California el más alto con 34.8 millones de pesos y Colima el más bajo con 5.1 millones. Sheinbaum pretende corregir esta disparidad estableciendo topes al gasto máximo que se podría autorizar en los congresos locales por diputación. En la misma lógica, expresó que hay muchos ayuntamientos que tienen exceso de regidurías que no son necesarias, razón por la que su iniciativa propondrá establecer límites constitucionales al número de las mismas.
En otros rubros, considera que se deben ampliar los alcances de la consulta popular para eliminar la restricción consagrada en el artículo 35 constitucional consistente en que no se puede consultar la materia electoral; así como la posibilidad de que el ejercicio de revocación del mandato se pueda realizar en el tercer o cuarto año de gobierno, actualmente solo se puede en el primer trimestre del cuarto año.
De nuevo, el destino del plan B depende del PT y del PVEM, sus partidos aliados que ya manifestaron estar de acuerdo en respaldar las propuestas presidenciales, a pesar de que la disminución de regidurías nos llevaría a reducir la posibilidad de una correcta integración de la pluralidad social y política, ahora en los ayuntamientos, mientras que, con la consulta popular se busca una revancha al terrible descalabro sufrido en el plan A de reformas constitucionales. Algo ocurrió en palacio nacional, porque los aliados volvieron a alinearse, pensando en sus propios mecanismos de supervivencia y no en el destino de la democracia mexicana. Otra negativa equivale a un suicidio político, pero votar los ajustes planteados no elimina la amenaza, solo difiere los efectos, pues la consulta busca preguntar a los electores en las urnas si se debe disminuir el dinero de los partidos y si se suprimen las pluris.
Empatar la revocación del mandato con las elecciones federales es el objetivo de fondo, se quiere garantizar votos en favor de las candidaturas morenistas, agregando una boleta donde se pregunte si se remueve o ratifica a Claudia Sheinbaum; igual se busca solucionar los problemas de impopularidad de gobiernos cuestionados, como el de Sinaloa, que se renovará en 2027 y donde es clara la inoperancia o complacencia para terminar con la guerra de los cárteles. Otra vez: se trata de darle votos a las candidaturas que ponga Morena, aunque sea con las trampas del acordeón y el peso de los programas sociales; aunque sea a costa de mentir con un ejercicio de evaluación ciudadana que, por cierto, ya se negó en Sinaloa.
La 4T sigue avanzando en la destrucción de las instituciones y en el uso abusivo de los mecanismos de participación ciudadana. Bajo el argumento de la austeridad irán en contra de aspectos esenciales del federalismo y, otra vez, de la partidización de la consulta popular, esta vez, para liquidar a la oposición, pero también al PT y al PVEM que solo están tratando de ganar tiempo y aligerar la afrenta de heridas que parecen incurables.
