Esto es así, porque la iniciativa va al corazón del financiamiento público partidario impulsa una reducción del 25% modificando uno de los componentes de la fórmula, pero haciendo caso omiso a lo que el propio Partido Verde ha sostenido en el sentido de que la reducción deberíase de una regla que establezca una distribución igualitaria para todos los partidos y no dejar, como está ahora, que del monto total a repartir el 70% se distribuye proporcionalmente a los votos obtenidos por cada partido y el 30% restante en forma igualitaria. El PVEM y los partidos opositores han sido enfáticos en que la distribución sea igualitaria en su totalidad.

Otro punto de desencuentro está en las curules y escaños de representación proporcional. La iniciativa mantiene la propuesta de suprimir las 32 senadurías que se asignan por este principio y modificar el mecanismo de distribución de las 200 diputaciones plurinominales , de las cuales 100 se entregarían a las mejores votaciones de las candidaturas que no ganaron y las otras 100 se elegirían en votación directa por circunscripciones plurinominales y por partido y en estas se incluirían las diputaciones que representarían a los migrantes .

Se propone, también, fortalecer la fiscalización de ingresos y gastos de partidos y candidaturas incorporando mecanismos de coordinación interinstitucional entre el INE , autoridades de procuración de justicia y de inteligencia financiera para disponer con oportunidad de información sobre partidos y candidaturas que permitan “salvaguardar la integridad del proceso electoral”, pero no se omita atender otras propuestas discutidas ampliamente consistentes en retirar el registro a partidos políticos a los que se acreditan vinculaciones con grupos del crimen organizado y enfatizar que las elecciones de esas. candidaturas, cuando ganen, se anulen.

Hay otros temas que también son polémicos, como asignar a los concesionarios la responsabilidad de identificar y no difundir contenidos no etiquetados por sus autores. Quedan dudas fundadas con relación a la forma en la que se materializará la reducción presupuestal para las autoridades electorales federales y locales, donde además se advierte que la estructura de opciones y tribunales locales no desaparecerá. Y aunque en la exposición de motivos se aportan datos estadísticos, no queda claro cómo se atendieron las propuestas de la ciudadanía que acudió a las audiencias públicas y foros, el mecanismo que la 4T presumió para legitimar la iniciativa y que se quedará como una prueba más de que no atienden ninguna propuesta que no provenga del primer círculo del poder morenista, ni siquiera las de sus aliados.

De aprobarse, la iniciativa abrirá avenidas peligrosas para la consolidación del partido único al que tanto teme el PT , con un gobierno autocrático que excluirá la posibilidad de una competencia política equitativa y eliminará la representación plural de la sociedad en los congresos. Llegó el momento de saber si el compromiso del PVEM y el PT con la sociedad es auténtico o, simplemente, fue una carta para la negociación política de otros temas.