Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
El desenlace del plan A y lo que va del B indican que la presidenta Claudia Sheinbaum, principal impulsora de los descalabros vividos a manos de sus propios aliados, está en un momento en el que se definirá la viabilidad de la alianza con el PVEM y PT, que en siete años posibilitó que la 4T alcanzara sus triunfos electorales y aprobara reformas constitucionales que han desmoronado la incipiente democracia mexicana.
El saldo de sus iniciativas de reforma electoral reporta triunfos mínimos en los límites a los gastos de congresos locales y ayuntamientos, así como en las percepciones salariales de funcionarios de organismos electorales federales y locales, pero derrotas clave en los intentos por reducir el financiamiento público partidario, redefinir el mecanismo de asignación de asientos plurinominales y en lograr que la revocación del mandato sea simultánea con las elecciones 2027.
Si frente a los peligros originales, hubiera que señalar beneficiarios directos de la reforma electoral mínima aprobada, serían los organismos electorales: el INE porque conserva su estructura y su Servicio Profesional Electoral casi intactos, aunque falta verificar si en su funcionamiento cotidiano mantiene la autonomía constitucional que no se le quitó en la reforma; así como los institutos y tribunales electorales locales que no desaparecen y se mantienen como parte esencial del sistema nacional de elecciones y que están obligados a garantizar arbitrajes imparciales y una logística de calidad.
Por el momento, también se evitó el intento presidencial de emparejar la revocación del mandato con las jornadas de votación de 2027 que no defendía suprimir privilegios, si no colocar a la presidenta como punta de lanza de las campañas morenistas, promoviendo el ejercicio y pidiendo el voto a su favor, a la par que se impedía a los partidos de oposición opinar sobre el ejercicio y, menos aún, solicitar el voto en pro de la remoción. El PT leyó con claridad y advirtió que se trataba de un cambio constitucional de fondo que daba ventajas absolutas a Morena y le abría camino hacia la consolidación como partido único de la mano de la presidenta.
PVEM y PT lo saben. Un objetivo de fondo de las iniciativas de reforma electoral de Sheinbaum consistía en eliminarlos de la ecuación donde han sido útiles y muy rentables para Morena para ganar gubernaturas, mayorías en los congresos locales, muchos ayuntamientos y alcanzar la sobrerrepresentación que les dio mayorías calificadas en las cámaras federales, donde han logrado las reformas que redituaron el control del Poder Judicial, suprimir al INAI, la militarización del país y un largo etcétera. Solo que en la dinámica política se volvieron demasiado costosos para la alianza y el régimen optó por quitárselos de encima.
Veremos qué ocurre con la operación cicatriz anunciada por Ricardo Monreal y desconocida por Claudia Sheinbaum, quien sigue fustigando a los aliados desde la mañanera con la advertencia de que serán evaluados en las urnas por el pueblo. Ciertamente, el Verde, a efectos medidos, cambió de estrategia y votó a favor del plan B, sabedor de que se beneficiaría de la postura asumida por los petistas, pero eso no alivia el agravio del voto en contra del plan A. PT trabaja afanosamente en el control de daños, pero ya trae en Oaxaca mantas que lo acusan de partido oportunista y traidor a la 4T. Veremos si logra cerrar heridas y seguir con Morena, dada su utilidad electoral, pero con la limitación sabida de que no serán considerados para el ejercicio del gobierno y de que, tarde o temprano, les cobrarán las facturas pendientes.
