Sin embargo, a casi tres meses de su operación, la realidad muestra un panorama distinto: centralización del poder, debilitamiento institucional y opacidad creciente.
Este índice de rechazo no tiene precedentes y refleja un retroceso histórico en el derecho al acceso a la información.
El gobierno de Morena presentó a “Transparencia para el Pueblo” como la solución para modernizar el acceso a la información pública, prometiendo eficiencia administrativa y ahorro presupuestal tras la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
El diseño institucional de “Transparencia para el Pueblo” revela su debilidad estructural. A diferencia del INAI, que contaba con comisionados colegiados elegidos con participación plural, el nuevo ente opera bajo una sola dirección y depende jerárquicamente del Ejecutivo. Esto contraviene los estándares internacionales de independencia establecidos por la OCDE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy contamos con datos preocupantes: solicitudes rechazadas y opacidad creciente. Según datos de Artículo 19 (2025), entre mayo y julio de 2025 se presentaron 2,253 recursos de revisión por parte de ciudadanos. El 99.6 % fueron desechados por motivos formales, mientras que solo 457 solicitudes fueron admitidas y resueltas parcialmente.
Las consecuencias para la rendición de cuentas y la democracia están a la vista. La desaparición del INAI y la creación de “Transparencia para el Pueblo” implican un retroceso estructural en materia de derechos ciudadanos.
Con un órgano dependiente del gobierno, el acceso a la información deja de ser un derecho pleno y se convierte en una concesión política. Expertos como Gonzalo Hernández, exsecretario ejecutivo del Coneval, han advertido que esta reforma debilita la institucionalidad democrática y limita la posibilidad de evaluar políticas públicas basadas en evidencia.
“Transparencia para el Pueblo” nació con la promesa de acercar la información al ciudadano, pero en la práctica ha restringido el acceso, desechado casi todos los recursos y subordinado la transparencia al poder político. Bajo el discurso de la austeridad, se ha creado un modelo que reduce la fiscalización, limita los contrapesos y abre la puerta a un escenario de opacidad institucional.
Si México continúa debilitando sus órganos garantes, la democracia se convertirá en una narrativa vacía: sin datos, sin vigilancia y sin ciudadanos informados, la rendición de cuentas deja de ser un derecho y se vuelve una ilusión. Así de claro el retroceso democrático de nuestro país, que no mencionó en su Primer Informe la presidente de México…
