La autoridad clasifica estos casos para diferenciar despojos efectivamente cometidos de conflictos civiles o familiares, y prioriza cinco que involucran violencia y posible delincuencia organizada.
El Pleno determinó que el abasto debe ser suficiente, continuo y de calidad; las autoridades deberán mejorar la infraestructura y no podrán exigir contrato con el organismo operador para reconocer el derecho de las personas a contar con el líquido
