¿En manos de quién estamos?
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Puebla, 13 de marzo de 2026
A pesar de los millones de votos obtenidos en las urnas, del discurso reiterado sobre la legitimidad popular y de la alta aprobación que presume el oficialismo, uno de los flancos más vulnerables de este gobierno ha sido la aparición constante de señalamientos sobre presuntos vínculos de algunos de sus representantes con el crimen organizado. Y cada vez que emerge un caso de este perfil, la reacción es predecible: desconcierto, negación y un intento apresurado de control de daños. Sin embargo, lejos de disiparse, conforme se conoce más información, los expedientes se vuelven más turbios, más complejos y, sobre todo, más reveladores de un problema que el poder no ha logrado contener ni explicar con claridad.
La semana pasada fue detenido el presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro. Las acusaciones en su contra no son menores ni aisladas: extorsión sistemática a empresas cerveceras y tequileras, incrementos arbitrarios de costos a turistas, la ostentación de un reloj Richard Mille cuyo valor oscila entre 1.5 y 2 millones de pesos, la apropiación ilegal del museo municipal para convertirlo en su vivienda y el presunto desvío de recursos públicos para entregarlos al cártel dominante en la región. El retrato es el de un poder local capturado, convertido en botín y administrado como feudo personal del crimen bajo el amparo de la impunidad.
Lo más grave es que las sospechas sobre sus presuntos vínculos con el CJNG no eran nuevas ni desconocidas. Durante años circularon señalamientos públicos, denuncias periodísticas y versiones persistentes en la región. Aun así, el partido oficialista no solo ignoró las acusaciones, sino que decidió postularlo y respaldarlo abiertamente. Existen fotografías con figuras de primer nivel de Morena, como Luisa María Alcalde, Gerardo Fernández Noroña y Antonio Attolini, así como un video en el que la propia presidenta pide el voto para Rivera. No parece un simple error de cálculo, sino una decisión política que, vista a la distancia, resulta difícil de justificar.
Los ejemplos de presuntos vínculos entre cuadros morenistas y el crimen organizado comienzan a acumularse de manera preocupante. Está el caso de Adán Augusto López, quien nombró como secretario de Seguridad a una persona que posteriormente fue identificada como líder de un grupo criminal; el de “La Barredora”; el del entonces secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, cuyos dos sobrinos eran, según investigaciones del propio gobierno, líderes de una red dedicada al huachicol fiscal; y el del actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien no ha logrado desvincularse del empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, investigado por Estados Unidos hasta su ejecución en Nuevo León. A ello se suma que la primera detención del líder criminal apodado “El Botox” en 2018, ahora sabemos, ocurrió en una casa del entonces secretario de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, Javier Sotelo.
Pero la lista no termina ahí. Está también el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su ahora exesposo y operador político, Carlos Torres Torres, quienes fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos con la revocación de su visa, en el marco de una investigación a su exesposo por lavado de dinero y contrabando de armas. A la diputada morenista Hilda Araceli Brown igualmente le fue retirada la visa por presuntos vínculos con figuras del Cártel de Sinaloa; En ese mismo estado, el gobernador Rubén Rocha Moya fue mencionado por Ismael “El Mayo” Zambada, quien declaró que el día en que fue llevado a Estados Unidos se dirigía a reunirse con el mandatario sinaloense. Otro caso más es el de la exalcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, captada en reuniones con el líder del grupo criminal conocido como Los Ardillos.
Hoy Morena se jacta de la detención de Diego Rivera Navarro, asegurando que nadie está por encima de la ley y que la justicia llegará hasta las últimas consecuencias. No obstante, las preguntas incómodas siguen ahí: ¿por qué no se actuó antes?, ¿por qué, pese a las sospechas, fue postulado a la alcaldía de Tequila?, ¿de verdad nadie supo nada? La Cuarta Transformación controla la Presidencia, el Congreso, las fiscalías, el Poder Judicial, la mayoría de los estados y de los municipios, por lo que resulta difícil creer que un caso de esta magnitud haya pasado inadvertido. Como dice el refrán, cuando el río suena es porque agua lleva, y cada nuevo episodio refuerza la percepción de que no se trata de hechos aislados, sino de una dinámica que comienza a repetirse.
Ese contexto ayuda a entender el nivel de hartazgo que se vive en el municipio, pues tras la detención de su alcalde, la reacción ciudadana fue tan elocuente como inusual, ya que pobladores salieron a las calles a festejar su arresto; hubo bailes, cantos y una escena particularmente simbólica: trabajadores del sector turístico se congregaron en la plaza principal para quemar sus chalecos de Morena. Denunciaron que el exalcalde los obligaba a portar esos distintivos para poder trabajar, que debían pagar por ellos y, además, cubrir periódicamente el costo de una credencial como guías turísticos cada seis meses. La celebración no fue solo por la caída de un funcionario, sino por la sensación de liberación frente a un abuso que, durante demasiado tiempo, se volvió parte de la vida cotidiana.
El descontento social, la creciente percepción de inseguridad, la acumulación de casos de militantes oficialistas vinculados a la delincuencia organizada y el hecho de que los arrestos se celebren en las plazas públicas configuran un coctel político delicado a un año de las elecciones intermedias. No se trata únicamente de escándalos individuales, sino de una señal de alarma sobre la fragilidad institucional y la normalización de la convivencia entre poder y crimen. La pregunta de fondo ya no es solo quién gobierna, sino bajo qué condiciones se ejerce ese poder. Porque cuando la ciudadanía celebra la captura de sus autoridades, lo que está en juego no es únicamente la reputación de un partido, sino la confianza misma en el sistema democrático.
