Solarium / Los pantanos de San Luis
Lo primero que se debe resolver en México es la reforma electoral. Enseguida podrán decantarse las candidaturas a todos los cargos que participarán en la elección del 2027.
En este escenario, las conjeturas pasan pronto a ser verdades absolutas para los personajes que aspiran a certificar sus habilidades políticas, previendo lo que pudiera ofrecerse dentro de unos meses.
Ellos ni siquiera parpadean para no perder detalle de este proceso tan lleno de ásperas expresiones que buscan desorientar al competidor en cualquiera de los tres niveles de gobierno en proceso de renovarse.
Por eso, cualquier expresión, por imprecisa que parezca en labios de la presidenta Claudia Sheinbaum, es objeto de un entretenido juego de adivinanzas con la participación de las agencias de colocaciones en que se han convertido los partidos políticos.
En este contexto, una inmensa ola de comentarios recorrió nuestros pantanos políticos al divulgarse la versión de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dejaría esa dependencia para buscar la gubernatura de San Luis Potosí, su estado natal.
Esos son los escenarios complicados para el Verde. Su fuero interno no está bien construido. Los personajes no pasan de ser políticos sin contenido, sin oferta firme y confiable, sin carácter para transmitir seguridad y confianza a los votantes.
ESTA VEZ TIENE RAZÓN EL GOBERNADOR
La primera impresión que causa una orden de acallar voces es que se coarta la más importante de las libertades: la de expresión.
Sin embargo, esta vez Ricardo Gallardo Cardona tiene razón al ordenar que solamente el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, pueda hablar sobre temas educativos porque las instituciones de cualquier nivel y carácter tienen un perfil único.
Por otra parte, los usuarios del sector educativo están representados por alumnos y padres de familia asociados en organismos que no han visto, ni verán limitada su derecho a observar, opinar, rechazar o demandar correcciones en el ámbito escolar.
Los medios de comunicación pueden ejercer su función de intermediarios entre la institución educativa y los usuarios en los dos sentidos. Atender a una y a otros es lo que ha ocurrido siempre, sin conflictos.
Pero se necesita orden y es lo que desea imponer el mandatario. No hay que confundirse.
Todas las instituciones tienen la naturaleza de “personas morales” reconocidas jurídicamente y operan con un organigrama que asigna funciones a cada una de las “personas físicas” asignadas para cumplir las funciones propias de la institución.
