En Sinaloa, la urgencia no es solo trabajar menos horas; es trabajar con derechos, con seguridad y con un ingreso que alcance para vivir, no solo para sobrevivir. Hoy, miles de personas no sueñan con salir antes del trabajo, sino con no perderlo mañana.
La aprobación en el Congreso del Estado de Sinaloa de la reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales fue celebrada como un avance histórico en materia de derechos laborales. Y, en el papel, lo es. Menos horas de trabajo sin reducción salarial suena a justicia largamente postergada. El problema es que en Sinaloa, como en buena parte del país, el papel aguanta todo, menos la realidad.
Porque mientras las y los diputados levantaban la mano en unanimidad, en las calles la historia es otra: cada mes se pierden empleos formales, los salarios se diluyen frente a la inflación y miles de trabajadores sobreviven con ingresos que no alcanzan ni para cubrir lo básico. Hablar de una jornada de 40 horas resulta casi irónico en un estado donde tener empleo ya es, para muchos, un privilegio.
La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promete que la reducción será gradual y que no habrá disminución de salarios. Pero en Sinaloa la precariedad laboral no es un escenario futuro: es una condición presente. Jornadas extendidas, horas extras no pagadas, contratos informales y sueldos de miseria son la norma en amplios sectores del comercio, los servicios y el campo.
Aquí la pregunta incómoda es inevitable: ¿cómo se va a garantizar una jornada digna cuando ni siquiera se garantiza un salario digno? ¿Quién va a vigilar que las empresas —especialmente las pequeñas y medianas, asfixiadas por la inseguridad y la falta de apoyos— cumplan con una reforma que, aunque justa, implica mayores costos en un entorno económico adverso?
La reducción de la jornada laboral puede convertirse en una conquista real solo si va acompañada de políticas que reactiven la economía local, generen empleos formales y fortalezcan la inspección laboral. De lo contrario, el riesgo es claro: más informalidad, más subcontratación disfrazada y más simulación.
Celebrar la reforma es legítimo. Venderla como una solución inmediata, no. Porque mientras no se enfrente la pérdida constante de empleos y el rezago salarial, la jornada de 40 horas seguirá siendo, para muchos sinaloenses, una promesa lejana… o simplemente inexistente.
