Paradójicamente, esa lucha se ha desarrollado muchas veces frente a las mismas instituciones que hoy la reconocen.

Por eso el reconocimiento también provoca una pregunta inevitable: ¿qué cambió?

Si durante años las demandas de policías jubilados y de sus familias no encontraron respuesta suficiente, si hubo que protestar, viajar a otros municipios e incluso enfrentar intimidaciones, ¿por qué ahora sí se reconoce esa lucha?

Y sin embargo, ese reconocimiento no necesariamente significa que el problema esté resuelto.

También hay un mensaje implícito que no debería pasar desapercibido: la protesta social sigue siendo, muchas veces, el único camino para que ciertos problemas sean visibles.

En un país donde con frecuencia se cuestiona o se criminaliza la manifestación pública, el hecho de que una activista que tomó tribunas y encabezó protestas sea reconocida por el Congreso también debería interpretarse como una reivindicación del derecho a exigir.

Porque, al final, las transformaciones sociales rara vez nacen en ceremonias solemnes. Casi siempre comienzan en la inconformidad.

Y en este caso, esa inconformidad tardó casi 30 años en recibir una medalla.