En Culiacán, la negligencia ambiental no se mide en discursos ni en planes estratégicos que nadie lee. Se mide en el tiempo. Y el tiempo es demoledor: más de 20 años sin que el municipio decrete una sola Área Natural Protegida nueva dentro de su entorno urbano.

Mientras las autoridades presumen programas verdes y se toman la foto en jornadas de reforestación simbólica, los cerros que rodean la ciudad permanecen a merced del abandono, la especulación inmobiliaria y la ignorancia institucional. No es un descuido menor: es una decisión política.

Los ecosistemas no se destruyen de golpe; se erosionan lentamente, al mismo ritmo de la indiferencia gubernamental. Ahí están las cordilleras que circundan Culiacán, auténticos pulmones naturales, sin un solo mecanismo formal de protección municipal. No porque falten estudios, sino porque falta voluntad.

Desde 2004, cuando se decretó como área protegida la Isla de Orabá, el municipio simplemente dejó de legislar sobre su propio territorio natural. Dos décadas después, la lista no creció ni un centímetro. ¿Descuido administrativo o comodidad política?

Los especialistas han sido claros: decretar un Área Natural Protegida no implica “congelar” el territorio ni impedir el desarrollo. Implica ordenarlo, regularlo y pensarlo a largo plazo. Pero eso exige algo que suele escasear en la política local: visión de futuro.

Proteger los cerros, como el Cerro de la Virgen, no es una concesión a ambientalistas románticos; es una obligación legal, ambiental y social. No hacerlo es hipotecar la calidad de vida de las próximas generaciones a cambio de la comodidad presente.

Playas, no para todos

Mazatlán no es una ciudad amigable para las personas con discapacidad motriz. Las banquetas, en muchos asentamientos, no tienen accesos para subirlas. Eso habla de la falta de una cultura progresista que respete los derechos humanos básicos de las personas que no pueden desplazarse.

Todo esto habla de una planeación limitada de parte de las autoridades.

Incluso, una playa incluyente puede ser un gran mercado turístico que la iniciativa privada y los gobiernos en Mazatlán no se han sentado a platicar para potencializarlo.

En consecuencia, con una playa amigable el destino puede convertirse en un estandarte del turismo incluyente, lo que atraería a un mercado cautivo.

En 2002, con la primera rehabilitación del malecón en el gobierno de Jorge Alberto Rodríguez Pasos, no se dejó una sola rampa de acceso para personas en silla de ruedas.

Pero una foto en un diario local que mostraba la dificultad de una persona en silla de ruedas para accesar a la banqueta del malecón hizo que se abrieran espacios para las sillas de ruedas. Fue la única manera, la exhibida pública.

Si usted va a las playas de la Zona Dorada, las más visitas, la situación se agudiza porque algunos accesos se privatizaron.

Es ahora cuando iniciativa privada, autoridades y ciudadanos deben impulsar desde sus esferas una legislación que haga que esto sea una realidad.