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La democracia electoral es una característica insustituible de un régimen político construido a partir de elecciones libres, periódicas, competitivas y transparentes, donde la ciudadanía elige a sus gobernantes y representantes populares a través del sufragio universal, constituyendo un elemento central para otorgar legalidad y legitimidad al poder público.
Una democracia electoral de calidad se caracteriza por la rendición de cuentas, elecciones pacíficas, reglas claras, protección de derechos civiles, equidad en la competencia política, igualdad y libertad en el ejercicio del voto.
De ahí que la democracia representativa solo puede ser posible si tenemos una democracia electoral de calidad, ya que la primera da vida a un sistema político donde la ciudadanía elige, mediante el voto libre, secreto y universal, a sus legisladoras, legisladores y gobernantes para que tomen decisiones en su nombre, siendo el modelo predominante en los países modernos.
Modelo el anterior que exige elecciones periódicas, pluralidad política, un marco legal y constitucional sólido que imponga límites al poder, protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía y separación de poderes.
En tal virtud, las reglas de la democracia electoral tienen que ser perfeccionadas y evolucionar conforme a las necesidades y demandas ciudadanas. De ahí que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.
Una reforma que prevé diez aspectos fundamentales: elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión; reducción del gasto; mayor fiscalización; voto en el extranjero; tiempos de radio y televisión; uso de la inteligencia artificial; certeza en los cómputos distritales; democracia participativa; no nepotismo; y no reelección.
Por lo que respecta a la integración del Congreso de la Unión, se plantea que la Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa: 300 electos por Distrito Electoral (mayoría relativa) y 200 mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, de esos 200 espacios, 97 serán para quienes no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido; 95 serán de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo a un hombre y una mujer; y 8 serán para personas mexicanas residentes en el extranjero. En tanto que la Cámara de Senadores se integrará por 96 Senadurías (64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría).
Resulta relevante que se reduce el gasto del Congreso Federal y los Congresos Locales, así como en 25% el costo de las elecciones; además, disminuye el sueldo y los bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que la Presidenta; se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales; y baja el número de Regidurías conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15.
Se fortalece la fiscalización electoral, otorgando acceso al INE a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas; se prohíben las aportaciones en efectivo; y los recursos se manejarán dentro del sistema financiero, por medio de tecnologías en la fiscalización.
Asimismo, se regula el uso de Inteligencia Artificial y se prohíben los bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales; se facilita el voto a la diputación migrante para las y los mexicanos residentes en el extranjero; y se reduce de 48 a 35 minutos diarios los tiempos de radio y televisión por emisora en periodo electoral.
Se robustece la democracia participativa, por medio del referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, ampliándola a las entidades federativas y municipios; y se posibilita el uso de tecnologías como el voto electrónico en dichos mecanismos.
Para otorgar certeza a la ciudadanía, los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral; y como un acto de honestidad y congruencia, se reitera que los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares, tal y como lo establece la Constitución y, en consecuencia, se prohíbe la reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
Es una reforma que recoge la demanda de las mayorías y otorga mayor poder al pueblo, al propiciar una efectiva rendición de cuentas y evitar el abuso del poder a través de cacicazgos familiares; elimina gastos innecesarios y asegura que la voluntad popular decida quiénes deberán ocupar un escaño, para garantizar una genuina representación de los intereses y causas de la ciudadanía.
