Tlaxcala, 28 de marzo de 2026
El título podría parecer exagerado, pero no lo es si dimensionamos la devastación que han sufrido las áreas forestales de Tlaxcala con los recientes incendios.
Este 15 de abril de 2025 quedará marcado como un “martes negro” no sólo por los daños causados a nuestros bosques, sino porque también develó la limitada capacidad para atender este tipo de siniestros.
Cifras oficiales de la Comisión Nacional Forestal revelan que del 1 de enero al 15 de abril de 2025 se han registrado al menos 62 incendios, con una superficie afectada de 610 hectáreas.
Uno de los siniestros más destructivos ocurrió el pasado jueves 10 de abril cuando nuevamente ardió El Quimicho, cerro ubicado en el municipio de Tocatlán, en colindancias con Xaloztoc y Huamantla, donde las llamas arrasaron con más de 100 hectáreas de renuevo, arbustos y pastizales así como zona arbolada.
Ese día, la indignación no se hizo esperar al circular versiones de que las llamas iniciaron por una quema agrícola no controlada por vecinos de esa zona.
Y cuando creíamos que ese hecho había sido el de mayores dimensiones en la presente temporada de estiaje, vino ayer el incendio en el cerro San Gabriel del municipio de Atltzayanca.
Un día antes (el lunes), se registró otro incendio de cuantiosa dimensión en el cerro “Tlapacoyan”, ubicado en el municipio de Ixtacuixtla, el cual fue sofocado tras varias horas de combate por parte de bomberos, brigadistas y voluntarios.
No obstante, el fuego en Atltzayanca es el que más ha movilizado a cuerpos de emergencia de Tlaxcala y Puebla, a corporaciones municipales de la región, combatientes forestales y decenas de voluntarios por la incalculable dimensión de afectación porque el fuego sigue sin poder ser controlado en la zona conocida.
La densa cortina de humo que recorrió varios kilómetros y provocó un ambiente grisáceo y desolador en la región oriente y centro de Tlaxcala, también causó la reacción de la sociedad que pide sanciones para las personas que provoquen incendios forestales.
Y es que aunque en la legislación federal y local se establecen castigos y hasta cárcel para quienes dañen los bosques, es letra muerta porque hasta hoy ninguna persona ha sido sancionada por atentar contra el ecosistema local.
De acuerdo con el Artículo 420 Bis: “se impondrá pena de 2 a 10 años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa a quien provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.
Para el caso de Tlaxcala, la ley dice en su artículo 349 que: “se impondrá de 5 a 10 años de prisión y multa de trescientos sesenta a setecientos veinte días de salario, al que ponga en peligro o cause daños a bienes de valor científico, artístico, cultural, de servicio público, bosques, selvas, pastos o cultivos de cualquier género”, lo cual resulta vago y aquí sería necesaria una reforma, claro si existiera voluntad de los actuales legisladores.
Es un deber proteger los bosques y aumentar las penas por provocar incendios forestales. O que me digan los diputados locales: ¿qué es más importante, hacerse como que no ven problemáticas como la tala de árboles y los incendios o mantener nuestros bosques para vivir?
Desgraciadamente, en Tlaxcala los campesinos acostumbran quemar los terrenos para que rebroten los pastos con que alimentan a su ganado, pero al no controlar el fuego, éste se extiende y no solo quemando el pasto seco, sino también los árboles.
Sin embargo, es necesario que sean castigados quienes flagrantemente cometan estas acciones en las que, como sociedad, perdemos todos.
El que en medio de los incendios hizo el ridículo y salió chamuscado fue el diputado morenista Emilio de la Peña, quien exhibió su novatez y mal asesoramiento al subir ayer a tribuna.
“Tlaxcala está ardiendo y no podemos permanecer en silencio”, dijo el imberbe político al convocar a sus homólogos a “reforzar la prevención y sancionar la negligencia, especialmente en prácticas agrícolas descontroladas como la quema de pastizales”, hágame usted el favor.
No cabe duda que el hijo del secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña, ni siquiera sabe dónde está parado al desconocer que un diputado no es una autoridad sancionadora.
En vez de protagonizar en tribuna diciendo: “hay que actuar con firmeza y en apoyo a las autoridades locales, ambientales y de protección civil, Emilio de la Peña hubiera seguido el ejemplo de su homóloga, Miriam Martínez Sánchez, quien -pese a su altivez- acudió a Atltzayanca para repartir alimentos y demás víveres a los combatientes y voluntarios que se sumaron a combatir las llamas en el cerro San Gabriel, pero todo indica que el zacatelquense jamás en su vida ha agarrado una pala.
De la diputada Anel Martínez Pérez mejor ni hablamos, pues pese a que la contingencia forestal ocurrió en su Distrito, ni por enterada se dio y ayer subió a tribuna a pedir que los tlaxcaltecas disfruten su Sábado de Gloria, pero sin mojarse. Sólo le faltó que también les pidiera que no coman carne asada y tampoco escuchen música.
Tal parece que las presiones y persecución oficial han comenzado a surtir efectos entre quienes aspiran a un cargo en la elección extraordinaria para elegir a los integrantes del Poder Judicial.
Si no hay cambios de última hora y aunque oficialmente alegará “cuestiones personales”, la exdiputada federal y actual jueza en materia penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Claudia Pérez Rodríguez, renunciará a su candidatura al mismo cargo ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
Recordar que en días pasados se reveló que existía una suspensión en contra de la juzgadora, la cual fue notificada por el consejero Miguel Sánchez Ramírez, representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura.
Y aunque el cargo le fue devuelto al recibir una suspensión por el Poder Judicial Federal, tras presentar un amparo, las presiones para Claudia Pérez han ido en aumento, al grado de preferir dimitir y dar concluida su carrera judicial de más de 27 años.
