Según el Informe de Pobreza y Evaluación 2022 de CONEVAL, para ese año se estimó que 52 millones de personas en México vivían en estado de pobreza patrimonial, lo que representa aproximadamente el 41.9% de la población del país.
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¡Cumplen sueños! Así es como los profesionales inmobiliarios se reconocieron ayer en la celebración de su día, a la cual tuve el honor de ser invitada. Este evento me hizo reflexionar sobre cómo, en efecto, todas y todos soñamos con tener un hogar propio. Sin embargo, la situación económica actual coloca ese sueño como algo lejano o, en muchos casos, inalcanzable.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, de las 35.3 millones de viviendas en el país, el 57.1% son propias y pagadas, mientras que el 41.35% corresponden a viviendas rentadas, prestadas o aún por pagar. Esto significa que casi la mitad de la población en México no tiene un hogar propio, y en muchas ocasiones, esta realidad responde a la falta de recursos o el acceso limitado a créditos hipotecarios.
Frente a este panorama, es fundamental reconocer el papel crucial de los asesores inmobiliarios. Estos profesionales no solo son piezas clave del sector económico, sino que también se convierten en aliados al ofrecer soluciones concretas, facilitando el acceso a créditos y abriendo las puertas para que más familias puedan alcanzar el sueño de una vivienda digna.
Esta reflexión cobra aún más relevancia con la reciente reforma constitucional en materia de vivienda para las personas trabajadoras, aprobada hace unos días en el Congreso del Estado de Tlaxcala. Con esta reforma, se reconoce la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas públicas que promuevan el acceso a una vivienda adecuada y digna para los trabajadores, subrayando que la accesibilidad y calidad de la vivienda son elementos clave para garantizar la estabilidad social y familiar.
Es fundamental recordar que el derecho a una vivienda no es solo una cuestión de justicia social, sino también un mandato que debe ser cumplido para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Vivir de manera digna es un derecho universal, y es responsabilidad del Estado, del sector privado y de cada uno de nosotros contribuir a hacer realidad ese sueño para millones de personas. Los asesores inmobiliarios, con su compromiso y profesionalismo, son un eslabón esencial en esta cadena de esfuerzos para lograrlo.
En tiempos de incertidumbre económica, la vivienda no debe ser un lujo, sino una necesidad fundamental. Solo así, cuando más personas puedan acceder a un hogar propio, podremos avanzar como sociedad hacia un futuro más equitativo, justo y, sobre todo, digno para todos.
