*Iván Arrazola
*Analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
Como el título de la famosa película, la administración de Claudia Sheinbaum parece no dar tregua en su intento por modificar el escenario electoral del país. Luego de que su iniciativa de reforma electoral —que planteaba reducir el número de integrantes del Senado y modificar el método de elección de los diputados de representación proporcional— no prosperara, las baterías del gobierno federal parecen dirigirse ahora hacia los gobiernos locales.
Sin embargo, en este nuevo frente aparecen contradicciones evidentes: mientras la presidenta insiste en la necesidad de construir una democracia menos costosa, su propio partido parece concentrarse en maximizar las ventajas dentro de la contienda electoral. Esta tensión debería llevar, al menos, a revisar con mayor amplitud el contexto político en el que se discuten dichas reformas.
De hecho, aun con la presión ejercida por la presidenta sobre sus aliados en Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo —a quienes advirtió que votar en contra de su propuesta equivaldría a defender los privilegios de las cúpulas partidistas—, ni su alta popularidad ni los logros que el gobierno presume en materia de seguridad fueron suficientes para alinear a sus socios políticos.
Ante este escenario adverso, la presidenta delineó de inmediato un “plan B”. No obstante, nuevamente el proceso se realizó sin una discusión amplia y pública. Para la elaboración de este nuevo proyecto legislativo se convocó únicamente a los aliados políticos del oficialismo, dejando fuera de la negociación a los partidos de oposición.
Aunque aún no existe una propuesta formal, se han mencionado diversos ejes de reforma: limitar el presupuesto anual de los 32 congresos locales del país; establecer un número máximo de regidores en los ayuntamientos según el tamaño de la población; permitir que ciertos temas electorales puedan ser sometidos a consulta popular; empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027; y ajustar las disposiciones sobre salarios máximos para impedir que los funcionarios electorales ganen más que la presidenta. Según estimaciones del gobierno, estas medidas permitirían un ahorro cercano a los cuatro mil millones de pesos.
Sin embargo, el argumento de la austeridad —uno de los ejes discursivos centrales del actual gobierno— abre un debate más amplio. En realidad, no se trataría únicamente de una reforma electoral, sino de una transformación administrativa de gran alcance que podría alterar el funcionamiento del federalismo mexicano. Por ello, una decisión de esta magnitud difícilmente debería resolverse mediante acuerdos cupulares entre partidos aliados; por el contrario, exigiría una discusión más amplia que involucre a los gobiernos estatales, a los municipios, a especialistas y a la sociedad civil.
Esta discusión adquiere aún mayor relevancia si se observa la estrategia política que Morena ha comenzado a delinear rumbo a las elecciones de 2027. Durante su Consejo Nacional, el partido anunció su intención de definir con anticipación a los 17 coordinadores estatales que, en los hechos, posteriormente se convertirían en candidatos a gobernador. Con esta decisión, el proceso electoral correría el riesgo de convertirse en mera simulación, pues las candidaturas se definirían con mucha anticipación. En consecuencia, los tiempos legales de precampaña y campaña perderían sentido, ya que los aspirantes comenzarían a posicionarse políticamente con cerca de un año de anticipación.
En ese contexto, el Consejo Nacional de Morena anunció un conjunto de nueve prohibiciones para quienes aspiren a una candidatura. Entre ellas destacan: no utilizar anuncios espectaculares, no realizar actos de campaña anticipados, no emplear recursos públicos, no entregar alimentos ni electrodomésticos a potenciales votantes, no difundir información falsa y no promover campañas de acoso contra adversarios políticos. No obstante, estas restricciones se presentan de manera general y sin mecanismos claros de supervisión o sanción.
La ofensiva electoral del gobierno presenta claroscuros. Por un lado, se plantea la necesidad de reducir el costo de la democracia; por otro, las acciones del propio partido gobernante reflejan la ausencia de controles internos en una organización que hoy se encuentra en la cúspide del poder político. Esta contradicción resulta particularmente significativa, ya que las malas prácticas que suelen surgir en contextos de hegemonía partidista no parecen estar contempladas en las reformas propuestas.
El riesgo de fondo es que, en la búsqueda de un mayor ahorro presupuestal, se generen efectos secundarios no previstos, como el debilitamiento institucional de los gobiernos locales o el incremento de prácticas de corrupción. En contextos donde el Estado pierde capacidad de control, los vacíos de poder suelen ser aprovechados por actores ilegales. En diversas regiones del país, los grupos del crimen organizado han demostrado que saben ocupar esos espacios cuando detectan debilidades institucionales. Por ello, cualquier reforma electoral o administrativa que afecte el equilibrio del sistema federal debería evaluarse con cautela, considerando no solo sus beneficios financieros inmediatos, sino también sus posibles impactos en la gobernabilidad democrática y en la seguridad del país.
