Hoy la opinión es desde una perspectiva de género, sin caer en descalificaciones personales ni violencia política contra las mujeres, subrayando que la crítica es al sistema y a las malas prácticas, no a las mujeres por ser mujeres.
A lo largo de la historia, las mujeres hemos conquistado derechos que durante siglos nos fueron negados: el derecho al voto, a la educación, a decidir sobre nuestro cuerpo, a participar en la vida pública y a ocupar cargos de representación política. Ninguno de estos avances fue gratuito; todos fueron producto de luchas colectivas, de organización y de resistencia frente a estructuras profundamente patriarcales.
Sin embargo, hoy enfrentamos nuevas formas de simulación que, aunque se presentan como inclusión, en realidad reproducen viejas prácticas de control del poder. Una de ellas es la llamada “ley esposa” para la sucesión de cargos públicos, especialmente en cargos de elección popular como presidencias municipales, diputaciones y gubernaturas, hacia esposas, hijas o familiares cercanos de quienes ostentan el poder, con el objetivo de mantener intacta la toma de decisiones.
El problema no es que una mujer aspire o llegue a un cargo público. Al contrario: la llegada de mujeres a los espacios de poder es un logro histórico que debe celebrarse. El problema surge cuando esos espacios no son plenos, cuando no existe autonomía real en el ejercicio del cargo y cuando las decisiones se toman desde fuera, muchas veces por los esposos, familiares o grupos que ven a la mujer como una extensión política, no como una autoridad legítima.
Esto no solo vulnera el principio democrático, también afecta directamente la agenda de género. Colocar a mujeres sin experiencia, sin trayectoria o sin trabajo previo únicamente para representar intereses personales o políticos, y en algunos casos para buscar impunidad, desacredita la lucha de miles de mujeres que sí han construido liderazgo, capacidades y compromiso social.
Aquí aparece otro concepto clave: el nepotismo, legislado para el 2030. Cuando los cargos públicos se heredan o se asignan por vínculos familiares y no por méritos, se rompe la confianza ciudadana y se vacía de contenido la representación política. El nepotismo no empodera a las mujeres; las instrumentaliza.
Como mujer que he ocupado cargos políticos, sé que nuestra presencia suele ser cuestionada con mayor dureza, especialmente cuando somos jóvenes. Por ello es fundamental cuidar el lenguaje y evitar cualquier forma de violencia política contra las mujeres. La crítica debe dirigirse a las prácticas, a las estructuras y a las decisiones, no a la condición de ser mujer.
La verdadera igualdad no se alcanza solo con ocupar un cargo, puesto o encomienda. Se alcanza cuando esa responsabilidad viene acompañada de autonomía, capacidad de decisión y ejercicio pleno del poder. Las mujeres no llegamos a la política para ser intermediarias del poder ajeno; llegamos para transformarlo. Y ese es un debate que no puede seguir postergándose.
