Con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, establecida por decreto en agosto de 2025, el país entra nuevamente en un momento clave para analizar y estructurar cambios al sistema electoral mexicano.
En cuanto al financiamiento de campañas, uno de los aciertos del modelo actual es que el 50% del recurso se destina a candidaturas de mujeres, buscando avanzar hacia una democracia paritaria.
Esta reforma pretende modificar las reglas del juego de la democracia y de la política nacional. Uno de los temas más polémicos y que está en el debate político es el financiamiento a los partidos políticos. La ciudadanía mantiene una crítica severa hacia la cantidad de recursos públicos que se les asignan y suele preguntarse todo lo que podría hacerse en beneficio social con ese dinero: calles, escuelas, hospitales o programas sociales.
Del otro lado del debate están quienes creen en los valores intangibles como la democracia y la libertad. Ahí surge la pregunta central: ¿qué es más importante?, ¿el fortalecimiento de la democracia a través de los partidos políticos o el beneficio inmediato y visible para la comunidad? Ambos son relevantes. La democracia cuesta, y cuesta mucho, pero cuesta aún más la censura, el autoritarismo y la ausencia de contrapesos.
El financiamiento público a los partidos políticos en México se consolidó con la reforma al Código Federal Electoral de 1987. Posteriormente, la reforma de 1993 incorporó mecanismos de vigilancia sobre el uso de estos recursos. Desde entonces, el Instituto Nacional Electoral (INE) entrega anualmente financiamiento a los partidos con registro nacional y local.
En la aplicación de estos recursos, los partidos están obligados a cumplir reglas específicas. Por ejemplo, deben destinar al menos el 3% de su financiamiento ordinario anual a actividades específicas como educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales. Esto incluye formación de militantes, cursos, talleres, seminarios, investigaciones y publicaciones.
Un punto fundamental es la obligación de destinar recursos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, un logro derivado de la lucha histórica de las mujeres y de las legisladoras que impulsaron la equidad de género en la vida política del país.
Para el año 2026, el Consejo General del INE aprobó un financiamiento público para los partidos políticos nacionales por 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos, distribuido de la siguiente manera: PAN ($1,297,873,517), PRI ($982,462,839), PT ($670,613,764), PVEM ($832,101,904), MC ($969,301,220) y el partido más “austero” del país, MORENA con $2,615,798,382.
El malestar ciudadano y también de muchos militantes, surge cuando estos recursos se ejercen mediante operaciones simuladas: publicaciones editoriales que funcionan como promoción personalizada del actor político en turno; recursos de capacitación utilizados para otros fines; apoyos que deberían llegar a los comités municipales y que se condicionan o, en el peor de los casos, nunca llegan. A ello se suma la preocupación de que los recursos destinados a mujeres terminen promoviendo perfiles masculinos bajo el discurso de la “cercanía con las mujeres”.
Como lo ha señalado Dania Ravel Cuevas, consejera y presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE: “El destino de estos recursos resulta fundamental para construir una democracia paritaria sólida”. La discusión no debe centrarse únicamente en cuánto dinero reciben los partidos, sino en cómo se ejerce, a quién beneficia realmente y si cumple con su objetivo democrático.
