Pues la Semar, FGR y SSPC detuvieron a Audias Flores Silva, El Jardinero, exjefe de seguridad de Rubén Oseguera, El Mencho y, según las autoridades, su heredero; no lo hicieron solos, contaron con información de las agencias de EU; se trabajó sobre su ubicación en El Mirador, Nayarit y fue cuando levantaron al líder regional del CJNG en el estado donde encabeza y coordina la producción y trasiego de drogas.

La DEA le seguía los pasos y le puso precio a su cabeza: cinco millones de dólares. Al angelito le imputa la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU que es responsable de controlar laboratorios clandestinos en Jalisco y Zacatecas que producen metanfetaminas que se venden en Estados Unidos y lo designó narcotraficante significativo bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) y como terrorista global.

• La costa del Pacífico.

• Laboratorios de metanfetamina.

• Pistas clandestinas y avionetas.

• Camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica a México y posteriormente a células de distribución en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

En abril del 2021 El Jardinero cumplió una condena de cinco años en EE. UU., por narcotráfico y en 2016 fue arrestado en México por supuestamente orquestar una emboscada contra policías en Soyatlán, Jalisco, en abril de 2015, pero recuperó su libertad tras litigar sus cargos.

Y también ayer detuvieron a César Alejandro, alias El Güero Conta, identificado como operador financiero de El Jardinero, jefe regional del CJNG, en Zapopan. Él es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila. Es un golpe importante a la estructura financiera del CJNG y por eso las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendrán acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia.

El gobierno de México anunció un acuerdo con los bancos y proveedoras de vales para implementar un descuento en las comisiones que se cobren al pagar la gasolina con tarjeta. Nos dicen que, aun cuando es una medida temporal, la apuesta es a que los precios del petróleo bajen en los próximos meses, lo cierto es que se busca ya que sea parte de un paquete de medidas más grande, que será presentado en unas semanas con el objetivo de digitalizar los servicios de bancarización.

Desde Guerrero, trabajadores independientes de la Universidad Autónoma de Guerrero, quieren que se les reconozca como sindicato independiente. Nos dicen que el tema no es de voluntades, sino de auténtica desorganización, ya que en lugar de estar poniendo pancartas y demás, lo que deberían es seguir con las autoridades universitarias, el proceso de negociación y presentarse ante la Secretaría del Trabajo y tener validez.

Nos cuentan que, en el norte del país, empresarios y políticos empiezan a cerrar filas y a tener conversaciones para construir propuestas que puedan equilibrar la balanza frente a un hegemónico partido Morena en las elecciones del 2030. El acercamiento que ha causado más ruido por aquella región es el que aseguran se habría dado entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quienes podrían con una alianza poner a temblar a Palacio Nacional.

El seguimiento al proceso de adquisición de tóners en el OOAD del IMSS Michoacán exhibe una toma de decisiones que obliga a insistir en procesos limpios porque la invitación IA-50-GYR-050GYR033-T-31-2026 parece diseñada desde la oficina del Jefe del Departamento de Adquisiciones. Además del uso de “candados” técnicos para las bandejas de papel, ahora se ha denunciado que empresas como Interludsa, WOOWOO y Lira y Hernández cotizaron únicamente precios unitarios, sin conocer el total de piezas requeridas.

Esta práctica rompe con los principios básicos de competencia, pues al ocultar las cantidades se impide obtener costos más bajos por volumen. La sospecha de que los techos presupuestales fueron compartidos bajo la mesa sugiere una ventaja indebida para ajustar ofertas y condena al Instituto a pagar sobreprecios.