Así que este tema huele mal y sobre todo, cuando se pretende ocultar información que es algo muy básico y esencial para respetar el principio de presunción de inocencia, en un juicio del que dicen los que saben estuvo lleno de inconsistencias.
Quienes le solicitaron a la juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, NORMA CELENE SOTO COLLADO, que entregue la copia de la sentencia en contra de JESÚS ENRIQUE, fue su abogado defensor, CARLOS ALBERTO COVARRUBIAS MARTINEZ. Hay que recordar que a esta persona se le condenó a 8 años de prisión, el pago de una multa y reparación del daño, en el caso de la pérdida de los 3 millones de pesos de Bienestar Social Municipal (Bisom), entonces DESOM (Desarrollo Social Municipal), a finales del 2019, cuando precisamente la directora de ese organismo era la diputada presidenta de la Comisión de Fiscalización ALEJANDRA ANG HERNÁNDEZ. Y es que el abogado defensor le envió un escrito a la citada togada y con copia al presidente del Poder Judicial del estado, ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LÓPEZ. “Tengo a bien manifestarle a este Tribunal Unitario de Enjuiciamiento que a la fecha y hora de presentación del presente escrito no se me ha enviado copia de la sentencia emitida en fecha 23 de enero del 2026… por lo que le solicito por segunda ocasión y a fin de no seguir vulnerando el derecho de defensa y de impartición de justicia pronta y expedita de mi defenso, el sentenciado JESÚS ENRIQUE, que de manera inmediata me sea enviada la sentencia emitida y se cumpla su determinación realizada en la audiencia en cita y no se vulnere las formalidades esenciales del procedimiento”.
Los señalamientos por lavado de dinero y narcotráfico que involucran a CARLOS TORRES y otros funcionarios, son el reflejo de una “crisis de gobernabilidad nunca antes vista”, consideró LIZBETH MATA LOZANO presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, al afirmar que no se puede minimizar lo que está pasando. En cuanto al rol de CARLOS TORRES, la dirigente panista recordó que, pese a tener un cargo honorífico, tenía poder de decisión con impacto en el presupuesto público. Por lo anterior, el partido respalda la postura del Sistema Nacional Anticorrupción para que la gobernadora se retire del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones. Advirtió que de no haber acciones contundentes ante las investigaciones en curso, se confirma que el aparato de gobierno está “envuelto en actos de corrupción”.
MATA LOZANO dijo que el PAN no se limitará a la denuncia pública, sino que presentará acciones jurídicas formales por abuso de autoridad y gasto excesivo de recursos públicos, particularmente en el caso de San Quintín y el incidente de la diputada ANG HERNÁNDEZ.
La presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, anunció que visitará Baja California el próximo 30 de enero, particularmente Tijuana y San Quintín, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre su agenda. Durante su conferencia matutina desde la Ciudad de México, la mandataria explicó que el jueves tendrá carga de trabajo, pero el viernes viajará a Tijuana. “El viernes vamos a Tijuana y el sábado y el domingo a Sonora”, dijo. Posteriormente corrigió su declaración y agregó que también visitará San Quintín, además de encabezar la inauguración de la carretera Bavispe–Casas Grandes, la cual ya se encuentra lista para la circulación vehicular.
Como parte de su gira de trabajo por Sonora, la presidenta adelantó que también acudirá al puerto de Guaymas. El pasado 21 de enero, la gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA señaló que está programada una visita de la Presidenta de México a la entidad, pero aún desconoce la agenda. Comentó que en las visitas a otros estados ha realizado mesas de seguridad, donde además lleva a cabo su conferencia diaria. “Estamos en espera de revisar su agenda, ya sea que se lleve a cabo aquí la mesa de seguridad o a lo mejor venga en otros términos; aún estamos trabajando con el equipo de la Presidenta para recibirla”, declaró.
SHEINBAUM PARDO había anunciado con anterioridad su visita a San Quintín para presentar un plan de justicia, donde la semana pasada pobladores de la zona exigieron la renuncia de nueve funcionarios y de la alcaldesa MIRIAM CANO. Durante las protestas, los manifestantes bloquearon la carretera Transpeninsular por aproximadamente una semana, además de tomar las oficinas de Recaudación y del Registro Civil del Ayuntamiento de San Quintín.
