Sin embargo, aclaró que la reforma no modifica los lineamientos en lo que se refiere a la reelección de funcionarios públicos, que está permitida hasta 2030.
En el caso del Congreso de Baja California, la legislación señala que el presupuesto del órgano legislativo no debe ser mayor al 0.7% del presupuesto global del estado.
Todo parece indicar que uno de los gobernadores favoritos de la Cuarta Transformación es el de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA. No por nada, fue una de las entidades más visitadas por el expresidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Y es que el mandatario de ese estado consiguió que el gobierno federal entregue apoyos a los productores de maíz de esa entidad por 800 pesos por tonelada, de hasta 10 toneladas por hectárea, con lo que lograron calmar los ánimos de manera momentánea de líderes como BALTAZAR VALDEZ, quien lidera a los maiceros de ese estado y del Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano.
En Baja California los trigueros no tienen la misma suerte, pues los tienen en abandono, tanto así que este año ya no hubo el apoyo de 200 pesos por tonelada, hasta 150 toneladas por productor. Hay que señalar que el año pasado tampoco hubo apoyos, pero sí estaban contemplados en las reglas de operación; este año, ni eso. Es por ello que juntos o separados, el dirigente del Consejo Estatal de Productores de Trigo y el de Producción y Progreso de Baja California, HORACIO GÓMEZ CARRANZA y RICARDO MUÑOZ SILVA, respectivamente, acudirán la mañana de hoy al Congreso local, a la sesión de la Comisión de Agricultura, que preside el morenista FIDEL MOGOLLÓN, para exigir a los diputados locales que se pongan a trabajar y gestionen ante la Federación esos 800 pesos por tonelada para el trigo cristalino, que a los productores de Sinaloa sí les dieron. Y es que es válido preguntarse: ¿Por qué a los maiceros de Sinaloa sí y a los trigueros del Valle de Mexicali no?
Luego de la aprobación del Plan B a nivel nacional, se presentará una iniciativa de armonización para la legislación local en el Congreso de Baja California. Al respecto, el diputado JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA puntualizó que tienen de plazo hasta mayo para presentarla, resaltando que la reforma federal se aplica a los recursos que pueden manejar los Congresos estatales, así como a la confirmación de los cabildos municipales.
En semanas anteriores el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MORALES, señaló que la reforma federal no causaría efectos en el organismo local, ya que ninguno de sus integrantes entra en el supuesto de la legislación. Pero MOLINA GARCÍA aclaró que otros organismos, como el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California y el Instituto Nacional Electoral sí tendrán una reducción de sus recursos a raíz de la implementación del Plan B.
“Aquí tenemos magistrados electorales que están cobrando cerca de 170 ó 180 mil pesos desde hace tiempo, más algunos privilegios y también trataron de crear una especie de haber de retiro y se iban a llevar aproximadamente como 4 ó 5 millones de pesos”.
El embajador de Estados Unidos en México, RONALD JOHNSON, declaró que el gobierno del presidente DONALD TRUMP pondrá en marcha una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados a delitos de corrupción y extorsión. Y uno de los señalados fue el gobernador de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA, a quien le fue retirada la visa el año pasado, por lo que el diplomático sostuvo que “México debe hacer algo al respecto de su epidemia de gobernanza corrupta”.
Cuestionada sobre el tema, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO destacó que no se cubrirá a nadie, pero siempre debe haber evidencia antes de proceder. “La lucha contra la corrupción le corresponde evidentemente al Gobierno de México (…) igual que le corresponde a Estados Unidos por actos de corrupción de sus funcionarios. El tener gobiernos honestos, que no haya corrupción en los gobiernos, es algo que le corresponde a cada estado”, puntualizó. Cualquier investigación que haga Estados Unidos contra cualquier persona en México tiene que tener pruebas revisadas por la Fiscalía General de la República, afirmó la mandataria al asegurar que cualquier caso de este tipo tiene que tener evidencias.
Antes de concluir su conferencia, SHEINBAUM aprovechó para enviar un mensaje al gobierno de DONALD TRUMP: “Estados Unidos debe revisar y atender los llamados a funcionarios o empresarios ligados a delitos, porque nosotros no vamos a cubrir a nadie”.
