*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
El informe anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), establece que durante 2025 se perpetraron 721 feminicidios en el país. También da a conocer que son cinco las entidades que concentran el 36 por ciento de las víctimas: Sinaloa, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz. La mayoría se encuentra bajo Alerta de Violencia de Género por Feminicidio; en el caso puntual de Veracruz y Estado de México cuentan con una Alerta adicional por agravio comparado y desaparición, respectivamente. Pese a que se proyecta una disminución en este delito, llama la atención que sean precisamente las entidades con Declaratorias de Alerta las que lideran este ilícito.
El mencionado informe establece que la Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó al Secretariado un total de cuarenta y tres feminicidios durante 2025. En 2015 la cifra oficial para la entidad fue de cuarenta. En 2026, Veracruz cumple diez años de estar bajo Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, pero en un análisis histórico, observamos que las cifras oficiales no reportan disminución significativa pese a la implementación de este mecanismo del gobierno federal.
Para enero de este año, la Fiscalía reportó tres carpetas de investigación por este delito. Sin embargo, los medios de comunicación locales y nacionales dieron a conocer el doble de decesos. Al ser analizados, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres), entidad académica que desde 2014 documenta violencias en Veracruz, registró un total de trece asesinatos de mujeres. De estos, seis podrían considerarse como feminicidios. Veracruz, Tuxpan, Martínez de la Torre, Agua Dulce y Cosoleacaque son los municipios en donde se registraron.
Eran mujeres adultas que fueron asesinadas por familiares o a manos de desconocidos. En su mayoría fueron ultimadas con arma de fuego o arma blanca. Sus cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura, la mayoría fue localizada en la vía pública o en lugares públicos, con excepción de un caso.
Mucho se ha dicho que las acciones que realiza la autoridad estatal derivadas de la Declaratoria de Alerta sólo están dirigidas al funcionariado para capacitarles “con perspectiva de género”. Rara vez se trabaja en territorio y la prevención es una fase estratégica de trabajo que se ha perdido en la dimensión desconocida.
Lo cierto es que, en materia de feminicidio, en Veracruz estamos en el mismo punto que hace diez años. La Declaratoria no ha marcado la diferencia, pues jamás se ha implementado tal como lo señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diez años después seguimos esperando, aunque muchas veracruzanas ya han muerto en la espera.
