El campo chihuahuense apagado
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Chihuahua, 10 de abril de 2026
El campo de Chihuahua y las familias que dependen de él están acostumbrados a sortear todo tipo de adversidades. Desde años continuos de sequías extremas hasta enfrentar la inseguridad que amenaza sus vidas en su esfuerzo por mantener sus tierras productivas. Ese es, tristemente, el panorama cotidiano de miles de familias. Este año, sin embargo, se suma un nuevo obstáculo. Agricultores de distintas regiones del estado comenzaron a recibir recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con cobros excesivos por el uso de energía eléctrica en sus pozos de riego. La sorpresa fue que los cargos no incluyeron la tarifa preferencial N9, un subsidio vital para el sector agrícola. Desde hace años, el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) ha sido un pilar para los productores, al reducir significativamente el costo de la energía eléctrica utilizada para el riego agrícola. Este programa, implementado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en coordinación con la CFE y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ha permitido mantener la rentabilidad del campo mexicano. Sin este apoyo, para muchos la actividad agrícola se vuelve simplemente incosteable. En un país donde proliferan los subsidios y apoyos sociales, resulta inconcebible que el campo —fuente de alimento y sustento para millones— sea excluido de ellos. El acceso al PEUA requiere cumplir con una serie de requisitos, siendo el más importante contar con los documentos actualizados de CONAGUA. Y ahí comienza el viacrucis: es ampliamente conocido el desorden que prevalece en la tramitación de estos documentos. A pesar de lo que se afirma desde las oficinas gubernamentales, la mayoría de los productores agrícolas buscan regularizar su situación y contar con títulos de concesión o permisos vigentes. La legalidad en la operación de un título de concesión no solo permite acceder al PEUA, sino también a créditos bancarios y otros beneficios. Sin embargo, CONAGUA se ha convertido en un obstáculo más. Delegaciones mal operadas, políticas públicas improvisadas y trámites que se pierden en el laberinto burocrático provocan que muchos expedientes se “congelen” por años. Actualmente, el tiempo promedio para resolver un trámite en CONAGUA supera los tres años, incluso si se recurre al amparo judicial para intentar agilizar el proceso. En este contexto, resulta insólito que la SADER exija a los productores cumplir con requisitos que otra dependencia les imposibilita cumplir. El tortuguismo y la burocracia están incendiando al campo chihuahuense. Desde escritorios con aire acondicionado en oficinas centrales, se dictan políticas públicas sin tomar en cuenta la realidad que enfrentan los agricultores, quienes ven cómo su patrimonio se derrumba ante la indiferencia institucional. A esto se suma el hecho de que muchos títulos de concesión están vencidos, debido a que CONAGUA no ha emitido un decreto general de regularización, como debería hacerlo cada cuatro años. El único decreto publicado fue limitado a permisos de hasta 50,000 m³, sin justificación técnica clara. Además, la delegación local de CONAGUA ha incurrido en posibles violaciones a derechos humanos al no aceptar trámites en formato físico, obligando a los productores a realizar gestiones únicamente por vía digital, pese a que su sistema ha estado inoperante durante más de cinco meses. Hace falta diálogo, voluntad política y, sobre todo, empatía. Es urgente que las autoridades se pongan en los zapatos del agricultor y entiendan que el agua no pertenece a CONAGUA: el agua es de todos.
