Hoy a medio siglo de distancia la revolución en las ciencias de la informática pareciera en México su interés más a cuestiones de impuestos y relativamente a seguridad pública, dejando fuera toda una gama de actuaciones gubernamentales que pudieran actualmente implementarse la digitalización disminuyendo la corrupción e impunidad.
En la década de los años 70 del siglo pasado se desató en todo el país un “bum” de expedición de actas de nacimiento, con la facilidad de que los propios interesados compraban las actas en blanco en las propias ventanillas de recaudaciones locales, las llenaban con datos falsos y pagaban “gratificaciones“ a empleados de gobierno por sellarlas, donde muchos extranjeros trataban posteriormente de sorprender a autoridades norteamericanas con documentos apócrifos. Ello se debió a que los EEUU, establecieron con la Ley Hart- Celler Act de 1965, un límite máximo anual de 300 000 migrantes que en parte favoreció a infinidad de mexicanos.
Fue entonces cuando a mediados de los años 70, el gobierno de Chihuahua inició con la microfilmación computarizada de las actas del Registro Civil, como forma de control administrativo y evitar la corrupción. Pero también constituyó el primer acto de la “Gobernanza Digital” (experiencia que nos tocó implementar con Kodak Mexicana) sobre datos personales.
Ante este fenómeno son ejemplo aquellos los países cuyo capital administrativo se llama: Gobernanza Digital, agilizando y dando certeza jurídica a infinidad de actos administrativos sin importar su cuantía o dimensión, fortaleciendo la figura de Smart City evitando la corrupción por el habitual trato personalizado entre el ciudadano y el servidor público.
Para la comunidad internacional e-Estonia es un modelo de sociedad digital avanzada, reconocida a nivel mundial por su innovación y eficiencia en la implementación de tecnologías digitales en todos los aspectos de la vida cotidiana y la administración pública, donde el 98% de sus actos son bajo este régimen. También en este sentido caminan Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, Finlandia y Noruega, desde el ciudadano común o grandes empresarios se conducen hacia la transparencia implementado sistemas destinados a reducir las oportunidades de corrupción. Los funcionarios públicos deben rendir cuentas trimestralmente, bajo normas estrictas para garantizar que no se utilicen indebidamente los recursos públicos,
A nivel local, en Chihuahua, son incalculables los gastos en recursos humanos y financieros para la aplicación de la justicia por actos de corrupción, qué si bien debe seguirse por ese camino, debe tomarse con suma seriedad el ejercicio administrativo hacia un gobierno digitalizado que sin duda contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho. Es de suma urgencia en el gobierno estatal y municipales un inventario de actos que eviten ventanillas entre servidor público y ciudadano para propiciar transparencia en la tramitología oficial. ¡¡Será posible!!
