La popularidad como requisito… a costa de la ley

En teoría, una candidatura debería ser el resultado de una trayectoria: preparación, resultados, visión y congruencia. Pero en la práctica mexicana, cada vez es más evidente que una candidatura se está convirtiendo en un concurso de popularidad. Y cuando la popularidad se vuelve el requisito principal o el único, la política se degrada a una competencia de posicionamiento, no de capacidades. Así nunca llegarán los mejores al gobierno.

El problema no es la popularidad en sí misma. La popularidad debe ser consecuencia de un buen trabajo por años. El problema es cuando la lógica se voltea: cuando primero se busca ser popular para después intentar justificar la candidatura.

Esto explica por qué muchos aspirantes están operando en las llamadas “zonas grises” de la ley. Formalmente no hacen campaña pero en la práctica sí. No piden el voto pero construyen reconocimiento. No presentan propuestas ni ideas, pero llenan de bardas con su nombre, su imagen o publicidad disfrazada de entrevistas. Es una simulación perfectamente diseñada para cumplir con la letra de la ley mientras se viola su espíritu y motivos de existir.

La consecuencia es preocupante: personas que buscan gobernar empiezan su camino infringiendo las leyes que después deberán hacer cumplir. Es decir, para llegar al poder, algunos están dispuestos a demostrar que pueden doblar la ley sin romperla o romperla sin que se note. Una paradoja muy mexicana: aspirar a ser autoridad después de haber encontrado la manera de evadir la autoridad.

Cuando normalizamos estas prácticas, generamos una idea muy peligrosa: que el cumplimiento de la ley es opcional si el objetivo es suficientemente valioso. Que la creatividad jurídica es más valiosa que la congruencia ética.

El riesgo no es únicamente quién gana una elección, sino cómo se gana. Porque las reglas del juego importan tanto como el resultado. Si el camino para obtener una candidatura consiste en encontrar huecos legales, entonces el incentivo deja de ser prepararse mejor y pasa a ser interpretar mejor los límites de las reglas.

La democracia no debería premiar al que mejor entiende cómo rodear la ley para ser popular, sino al que mejor entiende cómo servir a la sociedad dentro de ella. La popularidad es volátil y más ahora; la capacidad de gobernar no lo es y la ética mucho menos.

Si seguimos avanzando hacia un modelo donde la candidatura depende más del posicionamiento que de la preparación, corremos el riesgo de tener gobiernos que saben comunicar pero no necesariamente saben resolver. Ya hemos visto las tristes consecuencias de esto. Lo feo es que las instituciones encargadas de esto no hacen nada y los responsables de legislar para que esto no suceda, son los que están pintando las bardas.

Y en un país con retos complejos, la política no puede convertirse en un concurso de influencers con fuero.

La paradoja es evidente: queremos autoridades que hagan respetar la ley, pero estamos empezando a premiar a quienes demuestran que saben cómo evitarla. Si ese es el filtro de entrada, el problema no será únicamente quién gobierne sino bajo qué lógica “aprendió” a hacerlo.

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