No es coincidencia. Es una estrategia.
Morena avanza hacia el control del discurso público, el castigo al disenso y la imposición de un pensamiento único en el espacio digital. No lo hace de golpe, sino por etapas: una ley local, una reforma nacional, y de pronto, opinar se vuelve riesgoso.
Esto no es regulación. Es silenciamiento.
Y si no se frena, mañana no nos preguntaremos cómo pasó, sino por qué nos quedamos callados.
La libertad de expresión en México está bajo asedio. No con bayonetas ni cadenas, sino a través de leyes disfrazadas de protección. El ejemplo más reciente es la reforma al Código Penal de Puebla, aprobada el 12 de junio de 2025, que tipifica el “ciberasedio” y castiga con hasta tres años de prisión a quien insulte, ofenda o “veje” a otra persona en redes sociales. La iniciativa fue presentada por José Luis García Parra —hoy coordinador del gabinete del gobernador morenista Alejandro Armenta— y avalada por la mayoría de Morena y sus aliados. Ya está en vigor.
El problema no es sancionar el acoso digital, sino que la redacción de la norma permite castigar la crítica, la sátira o el periodismo incómodo. Organismos como Artículo 19, la Red de Periodistas de Puebla y la ONU-DH han advertido que esta legislación viola el principio de taxatividad penal y abre la puerta a la discrecionalidad judicial. ¿Qué significa “vejación”? ¿Qué tan reiterado debe ser un comentario para considerarse delito? La ley no lo aclara. Lo decidirá un juez… o un político susceptible.
A nivel nacional, el intento de control fue aún más directo. En abril, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsó una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que contemplaba la creación de la Agencia de Transformación Digital y el polémico artículo 109, que facultaba al Ejecutivo para bloquear plataformas digitales sin necesidad de orden judicial. Organizaciones como R3D, Artículo 19 y expertos en derecho advirtieron que se trataba de una “ley mordaza” moderna, pensada para cerrar espacios críticos sin contrapesos. Ante la presión pública, Sheinbaum dio marcha atrás y ordenó revisar la propuesta. Pero el mensaje quedó claro.
Ambos casos siguen una misma lógica: normas ambiguas, presentadas como medidas de protección —a menores, a la ciudadanía o a la soberanía digital— pero con efectos reales de censura. En Puebla ya se aplica; a nivel federal, se detuvo temporalmente. En ambos, el común denominador es Morena.
