En resumen, si el gobierno realmente quiere atraer inversión privada, tendrá que demostrar que no se trata solo de un maquillaje para Pemex y CFE. Hasta que eso ocurra, el sector privado seguirá con el freno de mano puesto.
El gobierno federal presentó un nuevo paquete de leyes secundarias en materia energética que, en teoría, abre la puerta a la inversión privada en electricidad e hidrocarburos. Sin embargo, la falta de claridad sobre los esquemas de participación genera incertidumbre y escepticismo en el sector.
Para Chihuahua, estas reformas podrían representar una gran oportunidad si se logra claridad y certidumbre en las reglas de operación, ya que el estado cuenta con un gran potencial en energías renovables gracias a sus condiciones geográficas y climáticas, por lo que una mayor inversión privada podría impulsar proyectos de infraestructura sostenible, con más empleos y una economía local más fuerte.
La reforma plantea que Pemex y CFE recuperarán un rol central, como empresas públicas del Estado bajo un régimen de mayor autonomía en sus decisiones estratégicas. Por otro lado, los inversionistas se enfrentan más a dudas que a certezas, y, aunque la reforma permite contratos mixtos en exploración y producción petrolera, expertos advierten que estos parecen más contratos de servicios que asociaciones reales.
Entonces la duda es ¿Quién va a querer invertir en Pemex con este nivel de riesgo? Al respecto, Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que estos contratos no mejorarían las finanzas de Pemex, pues seguiría cargando una deuda enorme y sin incentivos para ser más eficiente. Por su parte, Ramsés Pech, de Grupo Caravia, dijo: “Si Pemex no paga o dice que no hubo producción en un pozo, el privado pierde. Solo habrá financiamiento con tasas de interés altísimas.” Es decir, todo el riesgo es del inversionista, y eso ahuyenta el capital.
En el sector eléctrico, la situación no es muy distinta; se reconocen seis esquemas de participación privada, lo que en principio parece positivo, pero la reintegración de la CFE genera la duda de si se usará el dinero de transmisión para subsidiar las pérdidas en generación. Si esto ocurre, podríamos ver distorsiones en el mercado y menos incentivos para que los privados apuesten en serio por la infraestructura energética del país.
El CEO de Enegence, José Buganza, advierte que todavía es prematuro hablar de certezas en estas reformas, pues no se ha discutido el tema en el Congreso. Entonces, ¿esto es una oportunidad real o un espejismo?... El mensaje del gobierno es claro: “Sí a la inversión privada, pero bajo nuestras reglas.” Para algunos, esto suena a una oportunidad controlada; para otros, no cambiará las condiciones estructurales del sector energético.
Sin embargo, para Chihuahua podría ser una nueva oportunidad, tiene una base industrial sólida que podría beneficiarse de tarifas eléctricas competitivas y estables, lo que mejoraría la competitividad de las empresas locales. Por ello, si se logra un equilibrio entre la participación privada y la rectoría estatal, el estado podría posicionarse como un hub estratégico en el norte del país.
