En los márgenes de este sistema binacional, la adquisición legal de un activo en una ciudad estadounidense se puede convertir en un arma trazada y en una vulnerabilidad que quede expuesta. Ese historial revela los patrones operativos de la violencia organizada.
La permeabilidad de la frontera entre México y Estados Unidos tiene efectos de ambos lados de la frontera. El gran flujo de armas traficadas ilegalmente hacia México es prueba de ello. Así como las autoridades de aquél país insisten en tener una frontera blindada contra cierto tipo de flujos e intercambios, el gobierno de México ha insistido desde hace varios años en atajar el flujo de armas estadounidenses que llegan a nuestro país.
Detener ese tráfico es perfectamente factible, dado que el modus operandi del tráfico de armas está muy bien identificado: se hace a través de un comprador de paja, que es una persona que compra un arma de fuego legalmente en nombre de otra persona que no puede hacerlo. Esta compra es ilegal porque el comprador está mintiendo en el formulario federal de compra de armas al afirmar que él mismo es el comprador final, cuando en realidad está comprando para otra persona.
Un ejemplo de cómo se puede detener este tráfico data de 2022, cuando el sistema eTrace de la ATF permitió a las autoridades mexicanas enviar información sobre armas recuperadas en escenas de delitos cometidos. Cuando estos datos se cruzaron, se reveló un patrón: un gran número de rifles de asalto fueron rastreados hasta unos pocos compradores en Tejas. En resumen, se detectó una cadena de suministro de la violencia organizada.
Esto llevó a las autoridades estadounidense a un comprador de armas en la ciudad de Dallas y a su red de prestanombres. Estos individuos dieron declaraciones falsas y eran accesorio de la violencia organizada. Un ciudadano mexicano en situación irregular en EE.UU coordinaba las compras, desarmando los rifles y escondiéndolos para contrabandearlos a México. Este es el tipo de delitos migratorios que se deben perseguir con urgencia, los que realmente ponen en riesgo la seguridad nacional conjunta de México y Estados Unidos. La persona que contrabandeaba estos rifles purga ahora una condena de más de 30 años en una prisión estadounidense.
Debe haber un flujo de inteligencia mucho más fuerte desde las instituciones de seguridad de Estados Unidos hacia México. Además, ahora que los 32 estados de la república pueden utilizar eTrace como parte de la llamada “Operación Cortafuegos”, deben hacerlo siempre y para cada arma recuperada. Más datos significan patrones más claros y precisos. Estos patrones deberán ser compartidos con autoridades mexicanas en tiempo real, para que se pueda intervenir directamente en las redes de la violencia organizada e irrumpir en sus cadenas de suministro paramilitares.
Esta iniciativa binacional no se trata solo de aplicar la ley; es una afirmación de la soberanía de México y un paso fundamental para garantizar su seguridad nacional. Al detener la afluencia ilegal de armas de fuego, México puede defenderse mejor de la violencia que estas armas alimentan. Exigir la cooperación y el intercambio de información de las agencias estadounidenses es un derecho legítimo para proteger al pueblo mexicano.
La lección es que nuestras vulnerabilidades de seguridad operacional (OPSEC) son compartidas, y que la única estrategia sostenible es un sistema que reconozca que el adversario ya está operando en ambas soberanías. Es decir, que haya una gestión de la seguridad conjunta desde cada soberanía. Esto es tal vez el cambio más positivo que México ha logrado impulsar dentro de la relación binacional de seguridad en los años recientes.
