Tarifazo “al estilo Jalisco”
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Guadalajara, 27 de febrero de 2026
Como si se tratara de una broma por el Día de los Inocentes —pero sin gracia alguna—, en pleno periodo vacacional y mientras la ciudad estaba en la celebración de sus tradiciones, el Comité Técnico Tarifario aprobó el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco. Una vez más, se repite el guion: el alza se presenta como una decisión “técnica”, inevitable, casi científica. Se invocan los mantras de siempre: inflación, costos de operación, eficiencia. Pero lo que rara vez se dice —o se susurra con vergüenza— es quién paga realmente la cuenta. La respuesta es tan obvia como dolorosa: la pagan los de siempre, la ciudadanía.
Para la mayoría el transporte público, es una necesidad vital. Subir el pasaje no significa “unos pesos más”, sino menos comida en la mesa, menos medicamentos, menos posibilidades. En muchos casos, el transporte representa hasta una quinta parte del ingreso mensual. ¿Qué política pública puede llamarse socialmente responsable si ignora esta realidad?
La falta de un sistema integral y eficiente de movilidad hace que el impacto del aumento sea brutal: más kilómetros, más transbordos, más tiempo perdido y más dinero gastado. La desconexión entre las líneas del Tren Eléctrico y la recién inaugurada —a medias— Línea 4 solo agrava el problema. Donde antes bastaba un camión, ahora se necesitan dos. La movilidad se convierte en castigo. El transporte, lejos de ser un derecho, se transforma en un obstáculo.
El gobierno del estado anunció un “apoyo” de 1,200 millones de pesos para “amortiguar” el impacto. ¿El resultado? Una tarifa de 14 pesos, con la promesa de que quienes consigan la tarjeta “al estilo Jalisco” pagarán solo11 pesos.
Lo más indignante es el destino de esos 1,200 millones, que son del pueblo, pues no se invertirán en mejorar el servicio, renovar unidades o capacitar choferes. No. Ese dinero, irá directo al bolsillo de los concesionarios, los mismos que durante años han ofrecido un servicio deficiente, con camiones en mal estado y frecuencias impredecibles. En lugar de exigirles mejoras, el gobierno los premia con recursos públicos. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias.
Este modelo de movilidad no solo es injusto, es insostenible. Encarece la vida, restringe derechos, profundiza desigualdades. Las mujeres, que realizan más viajes por tareas de cuidado, son especialmente afectadas. Y los jóvenes, que dependen del transporte para estudiar o trabajar, ven cerrarse puertas antes de tiempo.
Revisar el tema del transporte público, su integridad, sostenibilidad, su dignidad, pero, sobre todo, el costo, es un tema básico de justicia social. Si el estado de Jalisco puede financiar megaproyectos y beneficios empresariales, también puede —y debe— garantizar una movilidad digna, accesible y equitativa.
Cuando el dinero del pueblo termina en manos de quienes lucran con su necesidad, lo que se subvenciona no es el transporte: es la desigualdad.
Karla Díaz
Regidora de Zapopan
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