Una línea muy delgada

Una Voz desde Jalisco

Las marchas del 15 de noviembre evidenciaron que la delgada línea entre gobernar y descalificar puede romperse desde arriba. En la capital del país, el Gobierno Federal respondió a la protesta juvenil no con diálogo, sino con estigmas, reduciendo a miles de jóvenes a simples piezas “manipuladas”. Ese gesto, más que ordenar la conversación pública, la clausuró. Y mientras en la Ciudad de México se cancelaba la escucha, en Jalisco se abría otro frente igual de delicado.

Aquí, la marcha derivó en escenas que han levantado más preguntas que certezas. Hubo forcejeos, vidrios rotos, reporteros agredidos mientras cumplían su labor, y mandos involucrados directamente en las tareas de contención. Son hechos que no pueden minimizarse ni justificarse bajo ningún argumento. Lo ocurrido se vuelve todavía más complejo cuando las primeras reacciones oficiales mezclan mensajes de condena con posturas que parecen justificar el uso de fuerza bajo la defensa del patrimonio público.

El gobernador Pablo Lemus condenó los excesos, ofreció investigar lo sucedido y anunció disculpas a la prensa afectada. Hasta ahí, una postura necesaria. Pero también emitió mensajes firmes contra quienes vandalizaron edificios públicos, y en esa tensión se dibuja nuevamente la línea que un Estado democrático debe cuidar con precisión quirúrgica: cuando la protección del patrimonio se usa como paraguas para endurecer la narrativa contra la protesta, el riesgo de cruzar la frontera hacia la represión aumenta.

La Constitución establece con absoluta claridad que el derecho a manifestarse es un pilar democrático. Y también manda al Estado a proteger a la ciudadanía y sus bienes. La responsabilidad gubernamental es equilibrar ambos mandatos sin utilizar uno como excusa para diluir el otro. La autoridad no está para ganar discusiones por la fuerza, sino para garantizar que nadie quede fuera del diálogo social.

Lo del 15 de noviembre no debe verse como una anécdota aislada ni como un “exceso menor”. Es un recordatorio de que en México se necesitan protocolos claros, cuerpos policiales capacitados en derechos humanos y autoridades que distingan entre la legítima protesta y el delito.

Pero sobre todo que no cancelen las líneas de dialogo y evitar las etiquetas que estigmatizan. Porque no todo joven con el puño en alto es un enemigo del orden, así como no todo vidrio roto justifica la imposición de la fuerza.

México merece un gobierno que combine firmeza con prudencia, que reconozca su obligación de escuchar incluso cuando la calle incomoda. Porque la democracia no se debilita con la protesta: se debilita cuando el poder elige no escucharlo.

La calle seguirá ahí. Los jóvenes también. Lo único que está verdaderamente en juego es la capacidad del Estado para no pasar de la línea que nunca debe cruzarse, la de la intolerancia y la estigmatización.

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