Las cifras no son ficción. Las autoridades estatales han señalado que en esta administración se investigan decenas de casos de intento de reclutamiento forzado de menores.

Y, aun así, siguen siendo estimaciones: a nivel nacional se habla de entre 30,000 y 40,000 personas víctimas de reclutamiento forzado cada año, de las cuales una proporción —hasta la mitad según algunas fuentes— podría ser menor de 18 años.

Ante esta realidad, preguntémonos: ¿qué estamos haciendo?

El gobernador Pablo Lemus ha reiterado que el tema debe atenderse a nivel federal y planteó reformas sobre los protocolos de seguridad en las centrales camioneras.

Y tiene razón: la magnitud trasciende lo local. Pero también tienen razón las voces jaliscienses que afirman que la responsabilidad no puede postergarse.

El vacío legal no es un accidente: es un factor de impunidad. En Jalisco hemos abandonado demasiado tiempo la tipificación precisa de este delito. Hoy, el estado se encuentra entre las seis entidades que requieren atención urgente según organismos nacionales.

Por ello, mientras se espera que la federación actúe, debemos actuar aquí y ahora.

Y establece penas entre 15 y 30 años de prisión. Pero no basta con redactar artículos: hay que vertebrar una política pública de prevención, intervención y reparación.

Y mientras tanto, los programas de deporte, cultura y desarrollo juvenil siguen siendo vitales, pero insuficientes frente a las nuevas trampas del crimen.

Por eso, hago un llamado al Gobierno de Jalisco y al Congreso local: dejemos atrás la dilación. Activemos ya un pacto integral que combine:

• Tipificación eficaz del reclutamiento forzado, con sanciones reales.

• Ley de atención integral para víctimas: salud emocional, educación, reinserción.

• Coordinación efectiva entre los niveles de gobierno, municipios, sociedad civil y sectores vulnerables.

• Programas que no sólo compitan con el crimen por la niñez y la juventud, sino que los rescaten, les devuelvan una vida los sueños y el horizonte.

Porque en cada vida que recuperamos, en cada oportunidad que abrimos, hacemos del Congreso y del Estado —y de nuestra sociedad— un pacto contra el miedo. Demos la palabra al mañana.