El estado cerró el calendario con una emboscada que exhibe, sin maquillaje, la fragilidad del poder público. Treinta sicarios, más de mil disparos, una ejecución planeada con precisión militar. Un empresario, su hija y un escolta fueron asesinados. No fue un asalto. No fue un hecho aislado. Fue un mensaje. Y el mensaje es claro: el miedo camina con libertad por nuestras calles.

Quienes hemos tenido —o tenemos— responsabilidades públicas no podemos caer en la tentación más cómoda y peligrosa: normalizar la violencia. No podemos reducir estos hechos a cifras ni esconderlos detrás de comunicados tibios o estadísticas que ya no tranquilizan a nadie. El crimen organizado no sólo mata personas: siembra terror, y el terror es su mayor victoria.

Cuando un comando de esa magnitud se moviliza, ejecuta y escapa sin resistencia visible, la pregunta es inevitable: ¿cómo fue posible? Pensar mal no debería ser una regla, pero a veces es un acto de responsabilidad. La impunidad absoluta abre la sospecha de omisiones graves, cuando no de complicidades. Y frente a eso, el silencio oficial no es prudencia: es abandono.

Las autoridades presumen coordinación entre niveles de gobierno. La realidad cotidiana desmiente el discurso. El crimen parece mejor organizado que el Estado, mientras los gobiernos —estatales y federales— se concentran en administrar percepciones y cuidar la escenografía rumbo al Mundial de 2026. La seguridad pública no puede ser un accesorio de imagen: es la obligación básica del poder.