A este escenario se suma un problema de seguridad persistente, con regiones severamente afectadas por la violencia, lo que impacta directamente en la vida de las personas y también en la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
Este año deja desafíos y adversidades, pero también enseñanzas importantes. La principal es que México necesita más diálogo y compromiso genuino con los valores democráticos.
El balance político del año 2025 nos obliga a hacer una reflexión profunda, clara y sensata. Se trató de un año marcado por decisiones de gran calado, reformas profundas y cambios institucionales que; desafortunadamente, en lugar de generar acuerdos amplios, incrementaron la polarización y dejaron dudas sobre el rumbo democrático del país. Desde el Senado de la República, quienes sostenemos una visión distinta asumimos la tarea de advertir riesgos, señalar excesos y proponer correcciones siempre pensando en el interés nacional.
Uno de los temas más delicados del año fue la implementación de la reforma judicial. Bajo el discurso de transformar al Poder Judicial, se materializaron los cambios que despertaron preocupaciones legítimas sobre la independencia de las personas juzgadoras y sobre el equilibrio entre poderes. Organismos nacionales e internacionales coincidieron en que debilitar los contrapesos no fortalece al Estado, sino que lo vuelve más vulnerable a decisiones discrecionales. La justicia no debe depender del momento político ni de mayorías circunstanciales.
En materia económica, 2025 cerró con resultados contrastantes. Algunos indicadores se mantuvieron estables, pero diversas decisiones gubernamentales, especialmente en los ámbitos regulatorio y energético, desincentivaron la inversión privada en sectores clave. La falta de certeza jurídica y de reglas claras sigue siendo un freno para el crecimiento sostenido.
Otro punto de preocupación fue el debilitamiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La destrucción de los órganos autónomos y la opacidad en decisiones públicas afectaron el derecho ciudadano a la información y deterioran la calidad de la democracia.
Es innegable que 2025 fue un año de intensa actividad legislativa. La rapidez en los cambios no sustituyó el análisis profundo ni la construcción de consensos. Las reformas estructurales requieren visión de largo plazo, evaluación de impactos reales para evitar concentraciones de poder que pongan en riesgo las libertades y abran paso al autoritarismo.
Desde la oposición seguiremos sosteniendo que el desarrollo del país no puede construirse debilitando instituciones ni cerrando espacios de deliberación. El desafío es corregir el rumbo, fortalecer la democracia y avanzar juntos por el bien de México.
